LA ORGANIZACIÓN Marítima Internacional (OMI) es el organismo de Naciones Unidas responsable, en teoría, de la seguridad marítima y la preservación del medio ambiente marino, aunque su pasividad tras la catástrofe del Prestige demuestra cómo navega por aguas muy distantes de esta misión. Hace unos días supimos que la discusión para adelantar la eliminación de los buques monocasco se retrasaba hasta diciembre. Así, la industria naviera y petrolera va ganando tiempo. No se sabe dónde ha ido a parar la propuesta de revisar el actual régimen de indemnización y responsabilidad, a pesar de que ha quedado claro que ni se indemniza de forma adecuada, ni se incentiva a la industria naviera para que mejore la seguridad de su transporte. El régimen actual está muy lejos de quien contamina paga, ya que protege contra cualquier reclamación de las víctimas de los vertidos. Un nuevo régimen de responsabilidad ilimitada no es cuestionado por nadie que haya estudiado el problema de las mareas negras, y que no tenga intereses en el transporte de crudo. Sin embargo, esta propuesta no llega ni a la mesa de discusión de la OMI, evidenciándose así quién la maneja. La lentitud de la OMI por adoptar medidas en beneficio del medio ambiente se convierte en celeridad para retirar a Greenpeace el estatuto de observador que ostentaba desde 1991. El próximo noviembre, Greenpeace será expulsado, salvo que los países miembros lo impidan. La retirada de su estatuto de observador no impedirá que Greenpeace siga haciendo oír su voz en las reuniones, aunque sí cuestiona la voluntad de la OMI de escuchar las voces críticas. Los gobiernos europeos, y especialmente el español, debieran reflexionar sobre su apoyo a la expulsión de aquéllos que más se esfuerzan en la defensa del medio ambiente. Entretanto, cada día surcan los mares buques con carga peligrosa que no reúnen las mínimas condiciones de seguridad. Y, más temprano que tarde, una nueva marea negra llegará a las costas de algún lugar, sin que la Organización Marítima Internacional haga nada por evitarla. No se trata del soldado que encabeza un desfile militar, sino de un toro que mataron, no sin antes pasar por una terrible agonía, en la plaza de toros de Pamplona con motivo de los festejos de San Fermín. Nunca he visto sufrir tanto a un animal. Entre puyazos y estocadas sometieron al pacífico toro a un sufrimiento atroz, dejándolo convertido en una piltrafa. Y para rematar la faena el comentarista de turno se lamentaba de que al torero le había tocado lidiar un toro que no daba juego, que no hacía más que escarbar en la arena. Menos mal que los diestros no triunfaron y El Corneta pudo salir de la plaza con las orejas y el rabo. Y yo, mientras, como un incauto, pensaba en la reciente normativa de la Unión Europea que regula que a los animales, antes de sacrificarlos, hay que aturdirlos para evitarles al máximo la tensión y el dolor. Ignacio Toimil Vila. Sada. La Constitución española de 1978 en su capítulo segundo, artículo 16.3, dice que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. El PP y el Gobierno, nos están mostrando, un día sí y otro también, una España que queremos olvidar, esa España grotesca y esperpéntica de la sinrazón, donde habitan los fantasmas del Cristo presidiendo las aulas y el canto militarista del Cara al Sol en colegios y plazas públicas. La enseñanza, en etapas preescolares y en los institutos públicos, del conocimiento y evaluación de la religión católica con dinero del Estado, quiebra toda libertad de expresión ideológica y religiosa y nos retrotrae a tiempos pasados, y que el pueblo español, dando muestra de una inolvidable mayoría de edad, apartando de su mente el odio y la venganza, supo enterrar, emprendiendo así el nuevo camino de la democracia. ¿Qué pretenden con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)? ¿Acaso nos quieren mostrar aquella España en la que las autoridades entraban en los templos rodeadas de cardenales y bajo palio? Sólo nos falta que vuelva el NO-DO. Ángel Ruiz de Velasco Bellas. Ferrol.