AHORA QUE tanto se habla, a propósito de la crisis de Madrid, de política y dinero conseguido con malas artes, quizá resulte oportuno abordar la relación entre ambos elementos. En su sentido puro y transparente: la retribución de quienes se dedican a la causa pública. En Pontevedra, el alcalde se ha subido sensiblemente el sueldo, porque cobraba una cantidad ridícula. Mejor incluso, si cabe, me parece que las dos líderes del partido que cogobierna y del que está en la oposición vayan a percibir cantidades que se asemejan a lo que ganaban en la vida privada. Es un buen sistema, cuya aplicación práctica tendría un riesgo: es tan evidente la degradación de las élites políticas, que algunos tendrían que cobrar la misma cantidad que les pagaba inmediatamente antes el seguro de desempleo. Desde la transición hasta aquí hemos ido advirtiendo como se olvidaba el buen sentido de aupar a las listas a los mejores de cada profesión o actividad. Ahora, más que a los consagrados en el ejercicio privado, se proyecta a través de las candidaturas a desconocidos sin el menor bagaje. Alguna vez he comentado el asunto con el catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco Valdés en la tertulia nocturna de Radio Voz, y hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, de que apenas conocíamos a media docena de diputados cuando se abrió la actual legislatura en el Parlamento de Galicia. Si quizá por ley no sea posible la regulación, la Federación Gallega de Municipios podría alcanzar algún acuerdo que, aún sin ser vinculante, fuera moralmente obligado a la hora de fijar salarios. La disparidad de criterios es tal que un edil de Carballo puede percibir más de 415.000 pesetas líquidas al mes por igualarle a su salario anterior -quizá habría que fijar límites, tanto por la cantidad como por la importancia del municipio- y el regidor de Baiona va a pasar a percibir un salario casi igual al de Vigo, cuando esta ciudad tiene 20 veces más población que aquella villa.