EN EL MARCO de la trifulca organizada por Sáez y Tamayo, que amenaza con poner en crisis la política española, el primer signo de cordura lo puso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ya que, de una forma rápida y juridicamente impecable, acaba de evitar un nuevo episodio político de «querella catalana». No se trata de ocultar -¡Dios me libre!- el pésimo olor de la política madrileña, ya que antes o después habrá juicios que van a pasar por la piedra a los que menos se espera. Lo que quiero denunciar es la creciente manía de utilizar los procesamientos como formas indirectas de penalización de los disidentes, y que, por el simple hecho de rebelarse contra su propio partido, cualquier señor o señora tenga que hacer procesión por la justicia, pagar su pena sin mediar sentencia, y sufrir las consecuencias de una venganza pagada por el erario público. Si hay una trama de políticos y constructores corruptos, es evidente que Tamayo no puede ser más que el camello que enlaza a los unos con los otros, y por eso no se puede aceptar ninguna imputación que no señale claramente los beneficios del cohecho y el poder que lo cometió. Si alguien pagó lo hizo a cambio de un favor que ni Tamayo ni Sáez pudieron hacerle. Y por eso no es posible considerar que la traición de Tamayo es un cohecho, si no se identifican con total realismo los extremos de la trama. La precipitada denuncia del PSOE contra Tamayo y Sáez, cogida por los pelos y redactada en plan Mortadelo y Filemón, no puede tener otra explicación que el deseo de castigar al traidor con el peso de un procesamiento y el oprobio de una sospecha interminable. Porque, si todo se mira a la luz del pretestado objetivo de desenmascarar a los corruptos, es evidente que se estaba disparando con pólvora mojada. Por eso se presentó una denuncia que trataba de criminalizar la indisciplina parlamentaria y presentarla como origen y causa de un problema ya viejo y de enormes proporciones. Estos son los motivos para celebrar que, en contra del clima generado en la opinión pública, el TSJM se haya atrevido a coger las dos denuncias -la del PSOE contra Tamayo y la del PP contra Simancas- y tirarlas al cesto de los papeles. Porque los problemas políticos se arreglan de otra forma, y los aspectos criminales distan mucho de estar indiciados en términos judiciales. Ojalá hubiesen hecho lo mismo otros tribunales con otras querellas que, convertidas en grilletes al servicio del poder, redujeron los juicios a un pulso escénico entre un procesador temerario y un reo prejuzgado. Porque de tales eventos jamás puede salir -y sé lo que digo- ni la solución de un problema ni una sentencia justa.