EL TRASPASO a sede judicial de conflictos de índole política estaba abocado a terminar como el rosario de la aurora. La querella del ministerio fiscal contra el presidente del Parlamento vasco por negarse a disolver el grupo sucesor de Batasuna lo ilustra. En uso legítimo de sus responsabilidades, las Cortes aprobaron una ley de partidos que permitió al Tribunal Supremo ilegalizar a Batasuna. Lo malo es que los de la toga, llevados acaso del miedo a ser acusados de blandos, quisieron disolver también su grupo parlamentario. Ya se sabe que el Derecho no es una ciencia exacta, pero en este punto concreto la cuenta jurídica tiene toda la traza de no estar bien hecha. La lógica de nuestro ordenamiento sugiere que los parlamentarios no representan propiamente al partido que los pone en sus listas, sino al electorado. A este efecto, los partidos son sólo intermediarios en el negocio de la participación ciudadana el momento institucional de la política. Si esto es así, y lo es, disolver un grupo parlamentario significa pasarse por el forro de los silogismos el derecho constitucional a ser representado. Se les fue la mano. La situación creada por exceso de celo enfrenta a dos poderes del Estado: los jueces tienen que hacer cumplir sus resoluciones firmes y el Parlamento debe cuidar de que la representación sea ejercida. Como no parece haber una instancia arbitral que resuelva el litigio, se supone que la solución debería ser política. La cosa, pues, está muy fea porque fueron los políticos los que mojaron la pluma de los jueces. Una pista: hace poco el Gobierno no ejecutó una sentencia relativa a salarios de la función pública proclamando que los jueces no pueden meter las narices en los guisos del Parlamento. Nadie habló entonces de desobediencia.