LA LUCHA sin cuartel, implacable, contra la corrupción política, es una exigencia radical de los ciudadanos a todos los partidos políticos. Esa responsabilidad incumbe a todas y cada una de las formaciones en relación con su ámbito de actuación pública, pero también se extiende al conjunto de los partidos en la medida en que se trata de salvaguardar el sistema democrático. La esencia de los comportamientos irregulares consiste en la pretensión de violentar, forzar e impedir el cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos libremente expresada. La corrupción política atenta directamente contra la democracia y constituye unos de los retos más acuciantes para el sistema parlamentario. No se trata de diluir la responsabilidad del PSOE en la actual crisis. Rodríguez Zapatero, uno de los objetivos a batir en esta conspiración, deberá tramitar este trance con energía y sin complejos. Si quiere llegar a La Moncloa deberá demostrarle a los españoles que sabe reaccionar ante tales maquinaciones. Lo ocurrido en la Asamblea de Madrid reviste una extraordinaria gravedad. Es un asalto a la democracia y a la autonomía del poder político frente a otros centros de poder y de influencia. Es un viejo y antiguo reto de la izquierda, que pone de relieve la dificultad para desarrollar iniciativas reformistas desde el poder político democrático y la necesidad de apoyarse en amplios consensos sociales para superar la resistencia de poderes opacos, carentes de control, y extraordinariamente influyentes. El comportamiento de Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, ex militantes socialistas desde el martes, cualquiera que sea la causa de su actuación, pretende condicionar la capacidad de gestión política de cualquiera de los gobiernos que pudieran surgir de la Asamblea y, en consecuencia, pone en cuestión la propia legitimidad de los mismos. Sus decisiones estarían bajo sospecha. Por consiguiente, o se logra que tales personas cesen en su condición de diputados, o cualquier fórmula de gobierno nacería gravemente lastrada. Rafael Simancas, como ya anunció, no puede aceptar los votos favorables de ambos diputados a su investidura como presidente de la Comunidad. Cada una de sus iniciativas políticas dependería de voluntades ajenas a la Asamblea. A su vez, Esperanza Aguirre, candidata del PP, tampoco podría beneficiarse de la crisis política abierta porque su gobierno estaría acompañado durante cuatro años por un halo de sospecha insoportable para su partido y para las instituciones. En consecuencia, es muy probable que estemos abocados a unas nuevas elecciones, lo que significa, también, forzar y desconocer la voluntad ya emitida por los ciudadanos el 25 de mayo. A la espera de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, sólo podemos reconocer que la democracia ha perdido una batalla.