DENTRO DE la tradición golpista del nacionalismo vasco ha de inscribirse la última felonía de los separatistas, terroristas directos o no, que, asimilándose a okupas de las instituciones del Estado de derecho, al que insultan y denigran con sus actuaciones, se han declarado en rebeldía negándose a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo. El separatismo vasco, en sus delirios antiliberales y, en consecuencia, antiespañoles, de «Dios y Leyes viejas», se recrea en una ficción: la de que su parlamento regional, creado por la Constitución de la única e indivisible Nación española, es soberano para desafiar a la Nación y a sus máximas instituciones, incluido el Tribunal Supremo. Que puede aplicar a capricho una especie de «pase foral». Si yo fuera, como gusta decir Ibarretxe, «vasco» o «vasca», vería con grave preocupación que mi institución parlamentaria regional se convierta en asilo de rebeldes y renegados. Que lo «vasco» o «vasca» pueda terminar asociándose tan íntimamente al crimen organizado y a la cobardía que vengan a convertirse en sinónimos. Y, para qué hablar de la catadura moral de Atutxa, al que a la felonía leguleya que le adorna hay que sumar la cobardía añadida de ampararse en trucos propios de compinches pícaros y trileros. ¿Qué hacer? Probablemente, de no venir un ataque de sensatez, seguirá la peripecia meramente jurídica con la intervención del Tribunal Superior de Justicia regional y el procesamiento de los rebeldes. Pero el drama es que, ahora o más tarde, España se va a ver obligada a afrontar el problema político: suspender las instituciones vascas para desarticular a los rebeldes que las ocupan, o dejar que el proceso de rebelión y alta traición, del que este caso es una escaramuza más, continúe. Y esa última alternativa puede conllevar al final el abandonar a su suerte a los españoles leales residentes en esa parte del territorio.