AUNQUE el título puede inducir a confusión, no tengo ninguna intención de analizar el insólito hecho de que dos equipos periféricos -el Deportivo y la Real Sociedad- mantengan al rojo el campeonato de Liga. Tampoco quiero añadir nada a los mil comentarios que usted ya habrá escuchado sobre la semifinal de Turín jugada anoche. Y mucho menos me voy a ocupar, como es obvio, de por qué el Compos gana más partidos cuando los jugadores no cobran que cuando les pagan religiosamente. Mi problema es más político y más general que los ya enunciados, y por eso me permito dedicarle al futbol el espacio electoral que no le dediqué a los atentados de Filipinas, Chechenia y Riad, ni al éxito cosechado por Bush en Afganistán e Irak. Lo que a mí me preocupa es la carta entregada por la Liga de Fútbol Profesional a Mariano Rajoy, en la que, después de reconocer una deuda conjunta de 1.625 millones de euros, y tras algunas consideraciones que tratan de echar balones fuera -¡nunca mejor dicho!-, acaban solicitando que el Gobierno les saque las castañas del fuego. Y lo hacen así, como quien lava, en medio de unas elecciones municipales en las que todos los políticos tratan de aquilatar al céntimo los costes de los servicios públicos, y cuando todos los ciudadanos repasan sus déficits de servicios y sus promesas incumplidas. Lo normal sería que el vicepresidente del Gobierno les mandase marchar con cajas destempladas, después de recordarles (en pura línea PP) que las leyes están para cumplirlas. Y por eso debió de advertirles que, con independencia de que la ley se reforme o no, nadie va a librar a los clubes de fútbol de pagar lo que deben y todos sus intereses, ya sea vendiéndose al mejor postor, o poniendo en almoneda sus plantillas, o ejecutando las fianzas prestadas por sus dirigentes. Pero no se lo dijo, ni los mandó marchar. Y por eso me temo que, mientras los presupuestos de las grandes ciudades se mueven al borde del colapso, los españoles acabemos pagando los sueldos multimillonarios de los ejecutivos, los fichajes y los sueldos astronómicos de los jugadores, los nuevos estadios que disfrutan en régimen de monopolio y los errores de cálculo de una explotación televisiva que ya aburre a las piedras. Por eso quiero decir que todo lo que se haga en este terreno antes de aplicar el principio « solve et repete» (primero paga y luego reclama) será una monumental estafa. Y que todos los ciudadanos y políticos deberíamos comprometernos a no sustanciar las deudas del fútbol antes de terminar de financiar las políticas municipales. Porque es de justicia. Y porque cualquier otra cosa sería una burla intolerable a la ley y a la democracia misma.