ESPAÑA ha perdido cuatro buenas oportunidades para homologar con Europa el modelo de financiación de la costosísima televisión pública. La primera fue con su llegada, en 1956. A diferencia de los demás países de la actual UE, excepto Portugal, también en aquel entonces bajo una dictadura, la nuestra optó por asumir los gastos vía presupuestos generales del Estado, endosando la partida en 1962 al todopoderoso Ministerio de Información y Turismo. Tenía su lógica, porque el régimen entendió la televisión como un instrumento de propaganda. Por cierto, ¿se considera ahora también y sólo? La segunda fue con el color, en 1975. Después de varias discusiones se decidió seguir regalando la televisión en vez de cobrarla como se hacía en los otros países europeos. La tercera, en plena Transición, cuando se creó la denominada ley del tercer canal , que reguló las autonómicas. La cuarta, en 1989, con la llegada de las privadas. La falta de visión política y quizás de coraje mantuvo el modelo de financiación imperante y lo ha conservado hasta hoy. El resultado es un déficit acumulado de 7.300 millones de euros, que crece cada año en otros 1.200 . Ahora tenemos una quinta oportunidad: la introducción de la TDT. Si nuestros políticos continúan ciegos y sordos (mudos es imposible) a la llamada del sentido común, el déficit de la TV pública en España puede crecer exponencialmente. Baste con pensar que cada televisión pública, sea autonómica (llegaremos a 17) o estatal, pasará de los dos canales analógicos actuales a ocho digitales. ¿Cómo piensan financiarlos? ¿Acaso con el falso gratis de ahora? Si el Gobierno y la oposición no pactan un canon obligatorio por posesión de un descodificador o un televisor digital, el déficit actual va a ser calderilla frente al que se avecina. Y eso será después de acabar con la televisión privada gratuita, porque cuando la voracidad de las públicas eche del mercado a las primeras, ni captando el 100% de la inversión publicitaria será suficiente para pagar la factura.