CADA AÑO, por estas fechas, tenemos una radiografía de la situación en la que se encuentra Galicia. La ofrece el Valedor do Pobo con sus informes periódicos, en los que retrata las preocupaciones y sentimientos de nuestra sociedad. Y las transforma en reproches a quienes ejercen el poder. El último, el que corresponde a 2002, presentado hace sólo unas horas, sin llegar a ofrecer un panorama preocupante, sí presenta algunas llamadas al orden que deben de servir para la recapacitación. De forma especial a los implicados. A los que se les afea su conducta. A los que ven cómo se reprende públicamente su comportamiento. Más de una treintena de cargos públicos, ayuntamientos, concejalías e instituciones figuran en este informe de José Ramón Vázquez Sandes. Desde la Xunta a la gerencia municipal de Urbanismo de Vigo. Desde el presidente de la Diputación de Lugo a constructores. Con casos excepcionales. Los de declarar «hostiles» a los alcaldes de Moaña, Cuntis y Curtis. Y con asuntos preocupantes. Como el déficit de plazas en residencias de la tercera edad. O el retraso en el pago de expropiaciones. Los informes del Valedor do Pobo gallego no deben de servir sólo para llenar páginas de periódicos. Son para tener en cuenta. Para rectificar. Son el termómetro para medir el grado de cabreo de la ciudadanía y la brújula que nos permite corregir el rumbo. Los informes de nuestro Valedor, además de recriminar públicamente las conductas de la clase política, tienen el valor de que se fundamentan en las quejas de los propios ciudadanos. El error, que sin duda cometerán una vez más, es el de hacer oídos sordos a lo que Vázquez Sandes acaba de decirles. Ya decía Cicerón que «humano es errar, pero sólo los estúpidos perseveran en el error». Y perseverarán.