LAS ELECCIONES locales están ya a tiro de piedra y son muchos los ciudadanos que desearían observar cambios cualitativos en la oferta municipal. Para respirar aire fresco y para evitar rutinas o inercias insoportables. A comienzos del siglo XXI tenemos la obligación inexcusable de saber que la gran mayoría de los municipios gallegos deben experimentar cambios profundos. Pensar otra cosa sería un error y también una evidente decepción. Porque no es posible modernizar Galicia con municipios descapitalizados, dependientes, atrofiados por la subvención y de reducida autonomía decisoria. O sea, todo lo contrario a la local governance , expresión inglesa que exige la presencia de espacios locales politizados y operar en redes participativas diversas. La primera condición de una oferta política solvente es presentar un proyecto estratégico de ciudad o de municipio a largo plazo que sea además realista, visible y participativo. Proyecto que permita entender y encajar las políticas menores dentro de la lógica del conjunto, superar las limitaciones temporales y personales del ciclo electoral y ofrecer además una dimensión supramunicipal que resulta ya inevitable. Pero esta programación estratégica exige a su vez desarrollar la musculatura de tres piezas básicas de los municipios: la fiscalidad propia, el urbanismo y la construcción de un pacto social razonable. Los que se presentan para gobernar -también en los municipios- deben saber que todas estas cosas son ya de sentido común y de exigibilidad creciente.Pero el dilema es dramático. O rompemos nuestro trote cochinero municipal o no podremos construir proyectos estratégicos. Si la mayoría de los municipios gallegos presentan una fiscalidad (expresada en euros por habitante) inferior al 50% de la cifra media de los municipios españoles de población similar, ¿qué fuerza moral existe para negociar las inversiones programadas?, ¿cómo exigir financiación ajena cuando nuestro esfuerzo fiscal es distante y está al margen de las capacidades? Porque la alternativa a este sustancial problema político de Galicia es la subvención, la reverencia y en ocasiones la indignidad. O sea, el maldito trote cochinero.Y algo parecido sucede también con el urbanismo. Porque si la programación estratégica necesita de una convivencia ordenada y racional sobre el territorio, el urbanismo descansa siempre en el rigor técnico del planeamiento y en la solidez del pacto social que lo sustenta. Y todo ello exige personal cualificado, cauces estables y fluidos de participación ciudadana y una capacidad política del gobierno local muy robusta. O sea, casi todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados. ¿Habrá esta vez algún lugar para la esperanza?