NUESTRA Constitución establece que al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, «declarar la guerra» y «hacer la paz». No recuerdo esto ahora, sin embargo, con ánimo de involucrar al monarca en el enojoso proceso bélico que estamos viviendo, sino para resaltar esa «previa autorización» del Parlamento en la toma de tan importantes decisiones. Ya se ve, sin necesidad de mayor interpretación, que no se habla de informar a las Cortes, sino de autorización, auténtico requisito de procedibilidad. Pero lo que ocurre es que aquellas expresiones de la vigente Constitución, de resonante y arcaico estilo, que viene ya de la de Cádiz, mezcladas con lo más adelante dispuesto sobre los tratados o convenios de carácter militar, ven hoy oscurecido su originario sentido. Hoy, los conflictos bélicos se inician sin una formal declaración de guerra, al igual que terminan sin una paz formalmente concluida. Así que ya se puede desgañitar la oposición en el Congreso. Los gobiernos juegan con la semántica y ya está.