EN SU PRIMERA semana como presidente de Brasil, Lula da Silva ha tomado dos decisiones de gran transcendencia, que no dejan lugar a dudas sobre la renovada visión con la que el nuevo Gobierno brasileño pretende abordar las causas estructurales que históricamente han generado, en un país inmensamente rico, pobreza y miseria generalizadas. La primera decisión, aplazando la compra de aviones de combate supersónicos para dedicar esos recursos a las ingentes necesidades sociales del país, es más relevante de lo que algunos analistas han querido ver. Se ha escrito mucho en los últimos años sobre los enormes recursos que los países pobres -o empobrecidos- dilapidan en gastos militares, y consecuentemente sobre los alimentos, vivienda, educación o asistencia sanitaria que por esa misma razón niegan a sus pueblos. También son sobradamente conocidos los motivos, políticos y económicos, por los que los países desarrollados, particularmente Estados Unidos -pero también Francia, el Reino Unido o España- alientan esta tragedia, a través de la venta de armas a los países pobres, a los que eufemísticamente llamamos países en desarrollo. Cabe añadir aún que, con celebradas excepciones, en todos esos países sus hipertrofiadas fuerzas armadas no sirven a la defensa nacional, sino que constituyen un factor de intervención interna, autónomo del poder civil -al que a menudo sustituyen- que impide un desarrollo político sano y, por tanto, el desarrollo económico. América Latina es un caso paradigmático de esa nociva tendencia. En el último medio siglo sólo dos países han disfrutado de gobiernos constitucionales estables: México y Costa Rica. Y no es casual que en México el peso relativo de sus fuerzas armadas sea mucho menor que en el caso de sus vecinos del sur, y que en Costa Rica sientan el legítimo orgullo de no poseer ejército. Así pues, resulta evidente que la decisión tomada por Lula transciende ampliamente el campo de lo simbólico, constituye una idea fuerza de su gobierno y representa un mensaje inequívoco al conjunto del continente. Cosa muy diferente es que Brasil disponga de la fuerza estratégica capaz de garantizar el papel que legítimamente aspira a jugar en el concierto internacional. La segunda decisión adoptada por Lula consiste en conceder títulos de propiedad a los habitantes de las favelas, e intentar liberar a miles de jóvenes de las redes del narcotráfico. Estas medidas (vivienda en propiedad, trabajo legal, acceso al crédito, etcétera), tendentes a rescatar a millones de marginados, no sólo representan una irrenunciable voluntad de justicia social, sino que constituyen la más eficaz vía de lucha contra la delincuencia y la inseguridad. La relación entre estas realidades y la pobreza es inevitable. Al intentar eludirla, los conservadores, huyendo de la realidad, tienden a relacionar la violencia con la raza o la tradición étnica. Los más extravagantes incluso sostienen que los ciudadanos de los barrios marginales son dados, en cierto sentido antropológico, a conductas antisociales. Algo que, por supuesto, jamás aprecian entre los habitantes de los barrios elegantes de sus ciudades. Afortunadamente, el nuevo presidente brasileño parece tener meridianamente claro que la forma más humanitaria, y probablemente la menos cara, de combatir la delincuencia, es acabar con la pobreza. Sin la menor duda, Lula ha empezado a caminar con buen pie.