EN LA PROVINCIA de Pontevedra hay tensiones ante la elaboración del borrador de la Ley de Cámaras de Comercio de Galicia, porque la nueva disposición podría reducir a una sola las cuatro entidades existentes en el ámbito provincial. No creo que la preocupación sobrepase los límites de los intereses legítimos, pero privados al fin, de directivos y personal de esas instituciones. Las cámaras, nacidas por voluntad de un político gallego, Eugenio Montero Ríos, a finales del siglo XIX, han dejado de tener sentido a medida que pasaba el tiempo. Especialmente cuando, en los inicios de la transición, consagrada la separación de intereses de empresarios y trabajadores, que el sindicato vertical había hecho compatibles, se crearon las patronales de este país. Desde que nació la Confederación de Empresarios de Galicia, con sus órganos provinciales, las cámaras han quedado fuera de juego. Las funciones de unas y otras instituciones son coincidentes en lo esencial, con la ventaja para las organizaciones empresariales de que son de adscripción voluntaria, en tanto las cámaras han sido habitualmente obligatorias, extremo siempre discutido. Quizá, de desaparecer las cámaras, las confederaciones deberían hacer un esfuerzo en el mundo del comercio exterior, para suplir sus tareas... y poco más. El presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, que apoya la fusión provincial, decía hace un par de días en estas páginas que «la ley debe corregir muchas cosas». Sin duda: una de ellas, plantearse no ya la absorción de unas cámaras por otras, sino su desaparición. Como se hizo, no hace demasiado tiempo, con las igualmente inútiles cámaras de la propiedad urbana. Siguiendo este modelo, bastará con convertir en funcionarios de la Xunta a los actuales empleados de las cámaras de comercio. Todo menos mantener unos organismos obsoletos, costosos para el contribuyente, que como tantos servicios de este país no han resistido el paso del tiempo.