LA APERTURA francesa de un proceso penal, complementario del español, contra los responsables de la catástrofe ecológica del Prestige es suceso de la mayor envergadura. Con la iniciativa presidencial gala, no sólo adquiere masa crítica en términos internacionales la acción española en este asunto, sino que, además, se abre un capítulo nuevo en la clásica cuestión de la libertad de los mares, necesitada de reglamentaciones y rigores de calado proporcional a los riesgos que generan los nuevos tráficos, sistemas y economías de transporte marítimo. A las puertas llama un nuevo Derecho Marítimo en el que no caben piratescas elusiones de responsabilidad por los riesgos y daños diseminados a lo ancho de los océanos. Ciertos fabulosos márgenes de beneficios generados en las lenidades y las sombras de las prácticas y las normativas vigentes habrán de desaparecer muy pronto, aparte de por la ejemplaridad de las sanciones que se impongan y de las indemnizaciones que se exijan a los responsables de lo sucedido con el Prestige , por la revisión global, a la baja, de los márgenes de tolerancia vigentes hasta ahora. Determinados negocios marítimos se habrán de achatarrar como los monocascos de determinada edad y otros buques inseguros aplicados al transporte de mercancías peligrosas. La globalización económica postula una pareja planetización de las disciplinas y rigores para los grandes transportes marítimos. Las iniciativas conjuntas de Francia y España abren un escenario de debate de enorme amplitud. Británicos, holandeses y griegos esgrimirán la renuencia; pero las últimas patentes de corso se han terminado. (Otro sistema petrolero y monocasco, el de la OPEP, tiene dos importantes vías de agua: la de la amenazante privatización del petróleo de Venezuela y la del destino del petróleo de Irak, con guerra o sin ella).