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| PABLO GONZÁLEZ MARIÑAS |

OPINIÓN

RINCÓN DEL VIENTO

25 dic 2002 . Actualizado a las 06:00 h.

LA CARTA de los derechos ciudadanos de la UE garantiza la preservación del derecho «a una buena administración». Sesudos juristas están analizando su posibilidad de invocación ante los Tribunales. Desde luego, las declaraciones programáticas deben trasladarse a las leyes de desarrollo para que sean efectivas. Pero, en este caso, la cuestión es política. Una pista: la Declaración de Derechos de Virginia, de 1776, dice: «El Gobierno es o debe ser instituido para provecho, protección, seguridad y derecho común del pueblo; de las varias formas de Gobierno el mejor es aquel que es capaz de producir el más grande grado de felicidad y ofrece la mejor garantía efectiva contra el peligro de una mala administración. Y cuando un Gobierno fuese manifiestamente inadecuado o contrario a estos principios, una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e imprescriptible de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la forma que se juzgue más conveniente para el bienestar público». Ni quito ni pongo Rey.