LOS GOBIERNOS, una vez más, han actuado con diligencia: La que le ha permitido el desarrollo de los planes de emergencia por ellos establecidos y las posiciones contradictorias que han mantenido frente a las leyes marítimas y convenios internacionales. Y esa diligencia evolucionó desde una confianza ciega en que la catástrofe no iría a mayores, explicitada arriesgada o ingenuamente por el ministro de Agricultura, a la asunción autocrítica del Delegado del Gobierno en Galicia respecto a la insuficiencia de medios y estrategias. Hemos conocido el riesgo diario que circula por el corredor de Finisterre, y la debilidad de nuestros medios técnicos y humanos para afrontar ese riesgo. Nos hemos interrogado por el retraso en la aceptación de la cooperación internacional. Nos sorprende el papel distante y débil del Ministerio y de la Consellería de Medio Ambiente, símbolos de una nueva prioridad política. Nos desconciertan las contradicciones entre la información portuguesa o francesa sobre la evolución de la marea negra y la que nos ofrecen nuestros gobiernos. Impacta, aunque no sorprende, saber que sólo el Cason , en 1987, permitió aprobar el primer plan de salvamento marítimo, y que es ahora, quince años después, cuando el ministro de Fomento asegura que «en cuatro años» contaremos con un nuevo plan nacional. Y la preocupación deriva de la diferente diligencia que otros gobiernos han tenido respecto a la catástrofe del Erika en las costas francesas: Tres años después, la comisaria de Transportes ha conseguido desarrollar las normas Erika I y Erika II . Frente a ello, el comisario Fischler, tan preocupado por el impacto ecológico de la pesca y la acuicultura en nuestro medio marino, tampoco ha aparecido. Pero no todo es cuestión de diligencia. En medio de la incertidumbre en que hoy vivimos, hay argumentaciones que estremecen. La más dolorosa quizá sea la que pretende transferir la responsabilidad de lo sucedido a la maraña empresarial de transporte de mercancía basura y a otros gobiernos y autoridades. Y no por que esa responsabilidad sea falsa, sino por que no es nueva y son esos intereses los que inciden en las posiciones de los gobiernos cuando se trata de generar legislaciones y actuaciones que les afectan. Véase la moratoria de las nuevas normas europeas, y en contraposición a ello como EE.?UU. logró imponer su ley antes de los plazos aprobados. A día de hoy, hemos asumido no sólo las debilidades de nuestros dispositivos y planes de actuación ante catástrofes marítimas, sino también lo irreversible de un accidente que se nos fue de las manos. Ustedes, con certeza, podrían prescindir de estas reflexiones, que se distancian de criterios técnicos y también -lo pretenden- de un enfoque maniqueo. Pero como ciudadanos, no olviden.