ÉRASE UNA vez una comunidad autónoma -calificada de objetivo uno por la UE-que tenía en su jurisdicción carreteras de competencia estatal. Una de esas carreteras unía de modo deficiente dos ciudades de la comunidad, por lo que el gobierno autonómico estaba muy interesado en la construcción de un corredor solvente. Por ser amigo, el demandante no dudaba que su petición sería atendida, pero los días pasaban y la inquietud crecía. Por fin, surge la noticia. Se acaba de firmar un convenio para construir la ansiada carretera. Suenan los cohetes y se brinda al sol. Los medios anuncian en letras gordas: somos los mejores, viva el presidente. Pero entonces comenzaron las sorpresas. Se construye una autopista de peaje en dos fases distintas y ambas compiten en el esperpento y la depresión. La primera fase (60% del corredor) cuesta 222,37 millones de euros. La comunidad autónoma aporta 60,1 millones (10.000 millones de pesetas) y otro tanto la administración central, financiando el resto la empresa concesionaria (102,17 millones). O sea, existe una empresa privada que construye y gestiona una parte de la autopista de peaje, pero el dinero público financia el 54% del coste. Pero eso no es todo. Mientras la comunidad objetivo uno subvenciona a fondo perdido la autopista, la aportación del Estado -titular de la competencia- se traduce sólo a la entrega de un crédito reintegrable mediante el peaje, lo que supone el timo de la estampita. Porque los infelices súbditos de la comunidad pagarán dos veces la infraestructura (a través de la subvención y mediante el peaje), mientras el Estado podrá recuperar su crédito y la concesionaria obtener beneficios. Pero abróchese el cinturón que siguen las emociones. El Estado -titular de la competencia- no participa en la construcción del segundo tramo y deja al gobierno autonómico con el culillo al aire. ¡Caramba, qué amigo tan singular! Cunde el pánico y se provoca una tormenta de ideas. Al final, hay fumata blanca. La comunidad crea una empresa pública para construir el tramo restante (114,2 millones de euros), financiando la obra con deuda que después pagarán los usuarios. Los botafumeiros bendicen la idea. Pero el súbdito está deprimido. Y estará más cuando sepa que el tráfico es insuficiente para pagar esa deuda. Y cuando se entere que la comunidad autónoma deberá compensar todos los años las pérdidas de la empresa pública. Y cuando verifique que el usuario paga dos veces -otra vez- el coste de la autopista (por subvención y peaje). Y cuando sepa que pagarán los no usuarios. Y cuando sea consciente que todo esto no es un cuento. Y cuando descubra que esta es la historia resumida de la autopista Ourense a Santiago de Compostela.