A RAÍZ del siniestro del Prestige surgen distintas reclamaciones de mayores requisitos de seguridad, entre ellas la de que el dispositivo de separación del tráfico marítimo se aleje todavía más de la costa gallega. A este respecto debemos tener confianza. Las 35 millas de margen entre el litoral y esa autovía del tráfico marítimo son suficientes. Su ubicación actual fue un logro, al apartar hacia aguas más seguras un tráfico que antes transcurría prácticamente por encima de los principales bancos pesqueros de la plataforma gallega, a una distancia de la costa entre las 10 y las 16 millas, en una línea que empieza aproximamente al oeste de Corrubedo y se dirige al norte hasta las islas Sisargas. Galicia cuenta hoy con el dispositivo de separación de tráfico marítimo más alejado de la costa de todos los que existen en el mundo. Y también el más tecnificado y mejor dotado de medios de seguridad y salvamento. Todo esto se logró después de cumplir exigencias rigurosas de la OMI (Organización Marítima Internacional, perteneciente a la ONU), que no autorizaba la ubicación actual en tanto no se garantizara que, a esa distancia de tierra, se pudiera identificar el buque en tránsito y localizarlo inequívocamente mediante los instrumentos de control, radar y radio VHF con sistemas direccionales que determinan el punto concreto en las pantallas de radar para hacer su seguimiento, lo que hoy en día es perfectamente posible y habitual. El barco que entra en estas vías está desde el primer momento bajo un control estricto desde las instalaciones gallegas. Aparte está el tráfico de mercancías peligrosas, que recibe un tratamiento específico, con unas exclusiones concretas y especiales y un control superior. A pesar de todo ello, los siniestros se producen; pero las causas son otras. Principalmente, la excesiva edad de muchos barcos que, como el Prestige , navegan bajo banderas de conveniencia y con tripulaciones subestándar, de formación y en condiciones laborales poco ortodoxas. Si no navegan fuera de las normas, sí que se sitúan casi al borde de lo legal. Estos mercantes resultan peligrosos porque las chapas de sus cascos han acumulado un uso excesivo y por tanto pueden estar debilitadas para afrontar un temporal tan fuerte como el de estos días. Además, al no disponer de doble casco, el forro del buque es la pared del tanque de carga, con lo que un accidente genera inevitablemente el vertido contaminante sobre nuestras costas. Las demandas de seguridad deben dirigirse, pues, a las empresas armadoras, mediante la exigencia de renovación de flotas y de construcción de buques con doble casco. Pero no sólo eso. La legislación española o comunitaria tendría que reforzar la autoridad de quien tiene la responsabilidad de los servicios de salvamento; no es de recibo que el capitán de un buque en riesgo de naufragio y de provocar una catástrofe ecológica se niegue a permitir el remolque. Sabemos que es una cuestión económica. Pero los costes que se ahorra la empresa que fleta el barco no pueden recaer sobre los pescadores y mariscadores de nuestro litoral y, en definitiva, sobre el medio ambiente y el conjunto de la población gallega.