EL CONSEJO General del Poder Judicial ha decidido archivar la información que, con poco consejo, había abierto a la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao: no asomaban irregularidades. Enésimo patinazo. Su señoría había puesto en libertad condicional a un preso relacionado con ETA por estimar que cumplía las condiciones previstas en la ley. El Gobierno popular y sus edecanes mediáticos, gestores únicos de la irritación pública ante este tipo de excarcelaciones, le montaron una bronca en tono de no sostenido mayor rematada con el anuncio de centralizar la competencia en un Juzgado de la Audiencia Nacional. Aprovechamiento vallisoletano del Nervión. Se vendió por probable que podría haberse columpiado por miedo ambiental. Aunque supo defender públicamente su actuación profesional con firmeza, buenas razones y mejor estilo, quien debía no la amparó y obedeció a la seña del amo abriéndole una investigación para aclarar lo que no estaba oscuro. A casi nadie le importó un comino el dato elemental: los penados también tienen derechos y es deber de los jueces reconocérselos sin reservas ni mermas arbitrarias. Este escándalo gratuito (¿quién ignora que las decisiones judiciales pueden ser recurridas?) revela una vez más la estrategia del Ejecutivo de someter el Poder Judicial a sus dictados. Desde hace años, nuestros políticos traspasan a los jueces los conflictos que ellos no saben resolver; y como éstos no les den por el palo, los ponen a caldo sin reparar en gastos. No cabe errar la vía democrática: si las leyes antiterroristas vigentes no bastan, toca al Legislativo mejorarlas. Esperar de los jueces que tomen la voluntad de los políticos y los estados de ánimo colectivos como fuente de interpretación del Derecho es un delirio despótico.