NADIE EN su sano juicio discute algunas verdades de la política económica, entre ellas, la bondad de la baja inflación y de un escaso déficit público. Pero las tesis neoliberales han convertido ambos objetivos en un tótem hasta convertirlos en el emblema protector de la tribu o el clan, con independencia del coste social que ello implique para el ciudadano que trabaja o que sufre el desempleo. Y nuestro Gobierno del Partido Popular se ha convertido en el defensor a ultranza del objetivo de déficit cero a pesar de que el compromiso no obligaba a los socios europeos a cumplirlo antes del año 2004. La sociedad española, es decir, las inversiones en los servicios públicos, en la educación, en la seguridad pública, en la sanidad, en el apoyo al empleo y en las infraestructuras, sufre las consecuencias de un gobierno que prefiere ser «el niño más listo se la clase», antes que atender con suficiencia económica nuestro escaso Estado de bienestar en comparación con el del resto de Europa. Si además se reduce la imposición directa progresiva y se incrementa la indirecta, que grava el consumo de forma socialmente regresiva, es evidente que nos están imponiendo unos sacrificios desiguales cuando la desaceleración económica anuncia más desempleo en los próximos meses. La cuestión es, ¿es razonable imponer aquí lo que se aplaza en el resto de la Unión Europea? Como se sabe, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 exige no superar el 3 % de déficit público en relación con el Producto Interior Bruto (PIB), y limitando, también, al 60% la deuda en términos del PIB. Es el marco apropiado para conseguir la convergencia económica de los países aspirantes a constituir y entrar en la moneda única. Además, la pretensión de sanear la situación financiera de Europa en relación con la economía de los EE. UU., es uno de los motivos del objetivo planteado ya que Bill Clinton, a través del Budget Enforcement Act (BEA), consiguió el equilibrio de las finanzas públicas. El problema es que la desaceleración económica y las inundaciones en Alemania y Austria durante el mes de agosto, han obligado a Francia, Alemania e Italia, a pedir el aplazamiento del objetivo del déficit cero hasta el año 2006. La Comisión Europea, en un ejercicio de realismo, optó por aceptar tal demanda incluyendo también a Portugal, que acabó el año 2001 con un déficit del 4,1 %, pero recomendando a «la banda de los cuatro» que lo reduzcan al menos en un 0,5% al año a partir de 2003. Pero Francia ha dicho que no. José María Aznar y Rodrigo Rato, reaccionaron con una virulencia digna de mejor causa contra el acuerdo de la Comisión. En realidad nadie quiere prescindir de las políticas sociales. Menos nosotros.