EXISTE un amplio consenso para definir los rasgos que caracterizan la coyuntura económica: la desaceleración de la actividad productiva, la debilidad de la demanda, el estancamiento en la creación de empleo y el repunte significativo de las tensiones inflacionistas. Esto es, obviamente, una descripción de la situación y como tal compartida en casi todos los análisis. El problema aparece cuando se pasa de la descripción al diagnóstico. En mi opinión, la situación actual de la economía gallega está caracterizada por una ralentización económica que tiene su explicación en una debilidad de la demanda y no en problemas de oferta. Dicho de otro modo, los problemas actuales no están generados por la necesidad de adecuar o modernizar su aparato productivo, como en la época de la reconversión, por ejemplo, salvo en algunas actividades muy concretas. El problema actual es la debilidad de la demanda, que tiene como consecuencia una caída en el nivel de producción. Esta debilidad afecta a sus diferentes componentes. En concreto, el consumo privado, que conforma el 75% de la demanda agregada, ralentizó su crecimiento como consecuencia de dos factores fundamentales: el estancamiento en la creación de empleo y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. La inversión privada también tiene un comportamiento negativo por las malas expectativas de las empresas de aumentar su producción debido a los citados problemas de demanda. Y, por último, el gasto público, tanto en gasto corriente como en inversión, no impulsa el crecimiento porque al dogma neoliberal de reducción de gasto público en cualquiera situación se le añadió, en los últimos años, la obsesión de alcanzar el déficit cero, combinado con una política de rebajas fiscales en los impuestos directos. Atrapados en esta tenaza, menos ingresos fiscales y presupuesto equilibrado, el recorte de gasto público, en especial de la inversión, agudiza la ralentización de la actividad. De modo sintético, los problemas de la economía gallega (y del conjunto de España y de la Unión Europea) están provocados por el deterioro de las condiciones laborales -inestabilidad laboral y pérdida de poder adquisitivo de los salarios- y por las políticas de ajuste en las administraciones públicas. Menos gasto público y menos capacidad de gasto de los asalariados son las razones últimas de la ralentización de economía. A partir de este diagnóstico, la recuperación de la actividad sólo se logrará con un cambio radical de la política económica, en la que la estabilidad de empleo, el crecimiento real aunque moderado de los salarios y el impulso del gasto público, en especial de la inversión, sean los elementos centrales.