EN EL nuevo modelo de financiación autonómica, la solidaridad territorial depende de tres factores básicos. Uno es la subvención estatal compensatoria (fondo de suficiencia) que tiene la comunidad para financiar los servicios transferidos. Otro es la cuantía y dinámica del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y de los fondos europeos. Finalmente, está la posibilidad de recibir subvenciones de nivelación, destinadas a financiar la educación y la sanidad, en determinadas circunstancias. Los servicios transferidos de las comunidades autónomas se financian con el rendimiento de los tributos cedidos (ahora ampliados) y con una subvención estatal que completa el sistema. En las comunidades ricas, los tributos cedidos cubren prácticamente el coste de los servicios, ofreciendo esta subvención una cuantía residual. En las comunidades menos ricas (como Galicia), los ingresos por tributos cedidos no cubren la mitad de ese coste, jugando la subvención estatal un papel relevante. Pues bien, el modelo vigente no incorpora cautelas sobre la evolución futura de estos dos segmentos de ingresos. Los tributos cedidos dependen de su importancia relativa, de los salarios, del consumo y de la actividad económica existente en cada comunidad. O sea, las comunidades ricas dependen ya de sí mismas. No existen aquí techos, ni suelos, ni revisiones conocidas, ni garantías. Las divergencias están servidas. A quien la historia y la política se lo dio, el modelo se lo bendice. Los ingresos del FCI y de los fondos europeos constituyen hoy el segmento de solidaridad más relevante de las autonomías. En Galicia estos recursos contabilizan 653,62 millones de euros (108.754 millones de pesetas) en el presupuesto vigente. Los fondos europeos -amenazados a medio plazo- equivalen al 78% del total. El nuevo modelo no los menciona. Se desconoce también el futuro del FCI ante tanta incertidumbre. Finalmente, estarían las subvenciones de nivelación destinadas teóricamente a garantizar servicios mínimos fundamentales. Su activación es casi irreal. Para ello debe producirse que el aumento de alumnos en la enseñanza obligatoria (educación) o el aumento de la población protegida, ponderada por la edad (sanidad), entre un año y el siguiente, superen en más de tres puntos al aumento de la media nacional. En ese caso, todavía se estudiará si la subvención debe entregarse o no. Como es fácil intuir, el listón está muy alto. Con demografías deterioradas y períodos tan cortos, la cosa se pone fea. Bueno, excepto para Castilla y León, que disfruta ella solita de un régimen especial donde las diferencias mencionadas se reducen a un punto. ¡Una chapucilla lamentable! En todo caso, las incógnitas son excesivas.