SE MASCA UNA percepción molesta entre los ciudadanos de a pie. Después de tantos años de reclamar que nuestra participación democrática no se limitase a depositar una papeleta en las urnas, atribuir la representación a unos diputados y hacer dejación durante cuatro años de toda iniciativa propia hasta las siguientes elecciones, nos damos ahora cuenta de la perversa reacción de los políticos. Nos llaman a colaborar para resolver los asuntos social y hasta éticamente difíciles y nos llenan, con ello, de inquietud responsabilizándonos de sus previas resoluciones. Sin embargo, no nos dan ni bola cuando se trata de asuntos mogollones y rentables, como decidir sobre privatizaciones de servicios públicos, congelación o actualización de salarios o pensiones, hipotecas leoninas, seguridad ciudadana, imposible acceso a una vivienda propia..., y otras menudencias, en la que nuestra opinión no parece tener relevancia alguna. Las cosas parecen haberse vuelto del revés en este tema. Las grandes decisiones políticas corresponden al Parlamento y al Gobierno, pues poco podemos aportar en si conviene declarar la guerra por lo del Perejil o ilegalizar a Batasuna. Ellos son los que han de adoptarlas, con sus ideas, información, medios y proyecto seriamente diseñados, en su ejecución y en sus consecuencias. Es lógico en ello informar y detectar opiniones, pero no vale trasladar responsabilidades o buscar coartadas, abusando de la sensibilidad ciudadana ante hechos muchas veces atroces que, sin embargo, no justifican cualquier decisión, ni menos garantizan sin más su legalidad o constitucionalidad. En lo otro, lo que está a nuestro alcance, en lo que un maestro del Derecho público llamaba los asuntos corrientes , ahí sí podríamos aportar muchas cosas y opiniones fundadas. Pero para eso no nos necesitan. Lo resuelven ellos mismos sin consulta alguna. Faltaría más.