EL PRESIDENTE de la Conferencia Episcopal ha desvelado, en un curso de verano escurialense, que las encuestas acusan una fuerte bajada porcentual de los que se declaran católicos: ahora ya son ocho de cada diez. Los anticlericales terminarán en el paro. Si abandonan los fieles de boquilla, enhorabuena; pero si la sangría es de los comprometidos e ilustrados, mala carrera para la empresa: señalaría el grado de elongación de la cabeza y los únicos miembros capaces de colocar los valores evangélicos a una sociedad desengañada de las oficinas de salvación. Los teólogos clonados suelen achacar la pérdida de cuota de mercado a la fementida secularización, y así se ahorran la revisión de inercias e hipotecas. Allá ellos, y los de fuera que líen pitillos. Lo que sí interesa al campo laico es el otro dato de la encuesta: la mitad de los clientes declarados no acepta la enseñanza moral de la Iglesia. Surge una cuestión de conllevancia: ¿a título de qué debe soportar, el personal civil, una prédica ética que se le atraganta a tantos de los suyos? Y un escrúpulo contable: ¿por qué pagar del erario público 100.000 millones de ex púas para unas clases de religión cuyo aprovechamiento resulta más que dudoso? (En relación con este punto, hay que desenmascarar la incoherencia entre la doctrina oficial y la práctica de la Iglesia. Lo es, y descalificante, sostener la validez universal del principio de subsidiariedad y al tiempo forzar al Estado a costear una actividad que ella puede desarrollar sola en las parroquias y sin gasto.) La Iglesia española ha perdido aliento y el pulso de las cosas. Mientras en el mundo 800 millones de seres humanos carecen de comida y 1.200 de agua potable, sus jefes hablan del Sexto y juegan a la bolsa.