Un español sabio apuntó que nuestra cosa pública iría mejor si los dirigentes bajaran dos puestos del que ocupan. Agudeza que corroboran la tira de cargos de relevancia que hablan mucho y peor. El presidente del Tribunal Constitucional va en la punta del pelotón de parleros. Ocurre que el teórico y el político no llevan bien el anonimato y quieren suplantar al magistrado para opinar cuanto les venga en gana. No puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión, porque éste es un derecho individual, no institucional; y ejercerlo en materias propias de otros poderes y con las pasiones al rojo, compromete su imparcialidad como juzgador y aviva el incendio. Los cargos llevan sus cargas, pero no admiten la figura del beneficio de inventario. No hay asunto político que no sentencie: la bandera y los himnos, el patriotismo americano, la deuda pendiente con los militares de la UMD, la ley de partidos ... E incluso ha terciado en la disputa por el topónimo herculino, por cierto con harta ligereza: la cuestión no está en si el uso de la forma castellanizada es constitucional o deja de serlo, sino cuál ha de ser la oficial en nuestra Comunidad Autónoma de acuerdo con la Ley. Además, la respuesta oracular recuerda el deseo de una de las partes. Pero son sus divagaciones acerca del papel del Parlamento en el siglo XXI las que ejemplifican su confusión de suertes y terrenos. Primero, porque la presentación de la Memoria anual del TC no era ocasión para avisar al personal de lo que ya sabe. Segundo, porque su crítica a los parlamentarios por estar más pendientes de la televisión que del hemiciclo, no tiene ningún sentido en boca de quien emplea cámaras y micrófonos mucho más de lo necesario para cumplir con el deber de publicidad. Los jueces, y los barberos, trabajan mejor en silencio. En esto dan clases prácticas los del Tribunal Supremo: afeitan en seco por escrito, y no hacen más declaraciones que las de amor y la de la renta.