Hace pocos días el profesor Barea explicó en A Coruña las bondades del déficit cero. Mantener ese objetivo -dijo- llevará a realizar inevitables ajustes en los gastos sociales a largo plazo. ¡Caramba, que rotundidad! Porque saneamiento financiero sí, pero sin dogmas ni excesivas obsesiones. Además, la política presupuestaria debe resolver problemas esenciales que ya no se mencionan. La dimensión del sector público es uno de ellos. La equidad en la distribución de los impuestos es otro. Saber quien se beneficia del gasto es un tercer problema de singular relevancia. Analizar los efectos del presupuesto sobre el crecimiento económico y el bienestar social, resulta también decisivo. Pues bien, el déficit cero sólo da una respuesta parcial al esto último mediante un razonamiento circular y cuestionable que ahora no viene al caso exponer. Los defensores del déficit cero no hablan de la dimensión del sector público porque implícitamente recelan del mismo. Su fórmula es menos impuestos (que ilusiona al votante) y presupuesto equilibrado (que obliga después a reducir gastos). El proceso es gradual e inteligente. Si peligran las elecciones, se atienden las demandas subiendo los impuestos indirectos y las tasas. No preocupa el sector público que desean los ciudadanos. Distribución de cargas fiscales Los defensores del déficit cero tampoco hablan de la justicia en la distribución de las cargas fiscales. Lo exige la Constitución (artículo 31) y el sentido común, pero sus prioridades son otras. El fraude y las rentas del capital no están en la agenda. El grueso de ingresos estatales proceden ya de rentas del trabajo (cotizaciones sociales e IRPF), del IVA y de impuestos especiales. La regresividad tributaria es hoy una evidencia. Los defensores del déficit cero también ignoran los costes asociados a la reducción del gasto. Por ejemplo, el que soportan los funcionarios con sus deterioros en el poder adquisitivo. O el coste de un menor crecimiento económico por reducir inversiones y gastos en educación e investigación. O los costes en bienestar generados por aumentos en la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Diseñar un presupuesto que combine todas estas cuestiones, maximizando la riqueza neta, puede ser distinto al que presenta un déficit cero. Además, la realidad es terca y desvaloriza el discurso. Buena parte de las administraciones públicas funcionan hoy con déficit, endeudamientos, gastos no contabilizados en el ejercicio, ilusiones fiscales, contabilidad creativa, peajes en la sombra, arrendamientos financieros y otras invenciones. Alemania, Portugal, Francia, Inglaterra e Italia ya solicitaron a la Unión Europea una revisión inteligente y flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sólo España mantiene entusiasmo de neófito y amenaza con ley el cuestionamiento de la ortodoxia. El profesor Barea, siempre entrañable y simpático, estuvo en esta ocasión más atractivo por su bondad que por sus ideas.