Lo más sorprendente del reciente informe del Comité de la ONU para los derechos del niño no es que denuncie a España por malos tratos a menores inmigrantes marroquíes, o por negarles derechos y expulsarles sin garantías. Lo más sorprendente es que el informe no dedique ni una línea a Marruecos, que es quien crea el problema con miles de niños y jóvenes desamparados, sin atención sanitaria, sin escolarización y sin medios para subsistir, abocados a la miseria o a cruzar las fronteras con Ceuta y Melilla en busca de otra vida, mientras las oligarquías esquilman los recursos públicos. En las conclusiones del Estudio de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, elaborado por recomendación de los relatores de la ONU y que ha servido como documento base para condenar a España, se dice que la Administración española carece de mecanismos fiables para determinar con garantías si los inmigrantes clandestinos que expulsa son menores. A juicio de los autores del estudio, sólo se usan técnicas de determinación ósea a través de una radiografía de la mano y muñeca izquierda, una prueba rápida y barata que desde hace años pone en cuarentena numerosos especialistas porque los márgenes de error pueden llegar a dos años. La reacción de las autoridades de Ceuta y Melilla ha sido unánime. Para Mohamed Chaib, consejero de Ceuta, la ONU es «la organización del cachondeo y las barbaridades». Sin llegar a este exabrupto que nos recuerda al de Pacheco y la Justicia, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha sido más prudente y estudia la posibilidad de denunciar a Amnistía Internacional y a otras ONG «por dar informaciones falsas por algún interés extraño». El interés se intuye, pero lo importante es llegar al fondo y si la ONU tiene razón poner los medios para remediar el mal y si no la tiene y hay intereses extraños denunciarlos. Problemas así son los que alimentan posiciones xenófobas que traen peligrosas consecuencias.