La Diputación de Ourense deberá repetir las oposiciones que ganaron los hijos de cargos del PP. El plan de comunidades vecinales de la de Lugo es «privilegiado, arbitrario e injusto», según una reciente sentencia. Pero Manuel Fraga, tras recordar que el origen de las Diputaciones se remontan a las Cortes de Cádiz, acaba de destacar su larga vida «como proba de pluralismo e democracia». Nada menos. Algo está fallando. O el presidente Fraga no tiene tiempo a leer los periódicos, o, en su discurso de Ribeira, no debió de referirse a los órganos provinciales de Ourense y Lugo. Porque de haberlo hecho, tendría que obviar el asunto. La gestión de las instituciones que dirigen Baltar y Cacharro, es decir, dos de los más representativos integrantes del comando de la boina , ya no está bajo sospecha. Los tribunales se han encargado de confirmar lo que incómodos periodistas vinieron publicando. Que existen demasiados puntos oscuros. Que se está realizando una utilización turbia y partidista de estas entidades y que el cesarismo, absolutismo y el despotismo ilustrado se encuentran en pleno auge en estas provincias. Hace ya algunos años, cuando las investigaciones sobre los GAL estaban dando las últimas bocanadas, un destacado dirigente del PP aseguró que «la pestilencia de los desagües ha llegado al salón principal del palacio». La afortunada reflexión del responsable popular mantiene toda su vigencia. Y bien podría aplicar a sus colegas de partido lo que entonces destinó con acierto al gobierno socialista. Porque debiera ser el partido el primero en no desviar la mirada. Hoy mismo, en la columna de al lado, Fernando Onega dice que los poderes públicos tienen la obligación legal de ser transparentes. Pero la atroz intolerancia a reconocer lo que es evidente les impide tomar cartas en el asunto con la prontitud y el rigor que todos quisiéramos. «El político vence a veces al presente y es vencido siempre por el porvenir», dijo el genial Jardiel Poncela. A ver si es cierto.