¿Es posible que en Vigo se manifiesten 125.000 personas a las doce de la mañana, sin que la ciudad se encuentre prácticamente paralizada? ¿Es creíble una manifestación en A Coruña, como la que refleja este diario en su primera del viernes, sin que la respuesta a la convocatoria de huelga haya sido masiva? Algo muy similar podría decirse del resto de las ciudades gallegas, o de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Zaragoza y de tantas y tantas ciudades y villas a lo largo y ancho del país. Hubo un tiempo, que equivocadamente creíamos superado, en el que los españoles necesitábamos recurrir a la prensa extranjera para enterarnos de lo que ocurría en nuestro propio país. En aquel período de nuestra historia, el gobierno y los medios de comunicación, obligados a trabajar bajo una rígida censura, no elaboraban información sino propaganda. Los ciudadanos teníamos que sintonizar Radio París, la BBC o la desaparecida Pirenaica, para poder informarnos de la realidad española. Lo ocurrido el 20 de junio, con motivo de la huelga general, recuerda demasiado aquellos infaustos tiempos. Un portavoz del Gobierno que a primera hora de la mañana declara por decreto la inexistencia de la huelga, un vicepresidente económico que falsifica los datos del consumo eléctrico, un ministro del Interior que sustituye el análisis de la huelga por un mero atestado policial, o unos medios de comunicación, con honrosas excepciones entre las que se encuentra este diario, cuyas informaciones, negando la evidencia, parecían dictadas por los gabinetes de prensa del Gobierno, son hechos muy graves que deterioran la credibilidad de las instituciones democráticas y representan un desafío y un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Aunque les produzca rubor, recomiendo a los Aznar, Rato, Rajoy, Arenas y compañía que echen una ojeada a periódicos tan poco sospechosos como Herald Tribune, Washington Post, Guardian, Le Monde o Financial Times . Todos ellos reconocen, con los naturales matices, la amplitud y el éxito de la huelga general del 20 de junio en España. Produce indignación y vergüenza que, transcurridos 25 años de vida democrática, de nuevo nos veamos obligados a recurrir a la prensa internacional para saber lo que realmente pasa en España. Haría bien el Gobierno en tomar buena nota del resultado de la huelga general del jueves, en vez de permanecer secuestrado por su propia propaganda. El 20-J ha demostrado que los sindicatos españoles tienen un gran poder de convocatoria y un notable crédito social, y no están dispuestos a permitir que se recorten derechos básicos de los trabajadores, mientras se transfieren ingentes recursos a una minoría privilegiada de la sociedad, en un país, como el nuestro, cuyo diferencial con Europa en protección social sigue siendo muy notable. En España no es posible recortar los derechos y las conquistas sociales sin llevarse por delante la estabilidad del país. Tampoco es sostenible por más tiempo un estilo de gobierno, basado en la prepotencia, altanería y autoritarismo, de que cotidianamente hace gala el presidente del Gobierno. Recuperar el diálogo y la estabilidad social requiere del ejecutivo y de su presidente un profundo cambio, tanto en su política social como en su estilo de gobernar.