Transcurridos más de dos años de una legislatura, en la que la derecha dispone de mayoría absoluta por primera vez en la democracia, resulta evidente que el presidente del Gobierno aspira a concentrar todo el poder, confundiendo mayoría absoluta con poder absoluto. Este proyecto expansivo y excluyente del Gobierno es la causa de graves tensiones y conflictos, indeseables pero inevitables si no se produce un cambio significativo en la actitud del Ejecutivo. Produce rubor, cuando se cumplen 25 años de vida democrática, tener que recordar que la mayoría electoral, por muy amplia que sea, no otorga un poder ilimitado, ni exime al Gobierno del cumplimiento escrupuloso de las normas, con arreglo a las cuales resultó elegido. La mayoría electoral, que legitima para gobernar, no desposee a la oposición de sus derechos de control y crítica al ejecutivo, no autoriza a realizar presiones a los tribunales, para que éstos acomoden sus decisiones a las exigencias del guión político del Gobierno, ni puede limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a expresar su opinión respecto a la acción del gobierno. Dicho en otras palabras, el Gobierno no puede imponer su proyecto político, por muy amplio que sea su respaldo electoral, ignorando o violentando los procedimientos, instituciones y garantías contempladas en la Constitución, que son la base de la división y equilibrio de poderes y del Estado de Derecho. Cuando el presidente del Gobierno intenta sumar al control del poder ejecutivo, que ostenta legítimamente, el del legislativo, judicial, económico, mediático o autonómico, se distancia del proyecto constitucional, que los constituyentes diseñaron precisamente para que los centros de poder político y social estuvieran repartidos y equilibrados, estableciendo entre ellos el correspondiente y recíproco control. Cultura democrática Tampoco el talante y estilo del presidente estimulan la cultura democrática. Un gobernante que tiende constantemente a sustituir el debate democrático por la deslegitimación del adversario y la descalificación política y moral del discrepante, que no tiene escrúpulos, al amparo de hechos dolorosos como el terrorismo, en promover emociones irracionales tendentes a desvirtuar las garantías del Estado de Derecho, o que identifica sus intereses con los de España y los contrapone a los derechos y libertades de los ciudadanos, no representa precisamente un ejemplo de lealtad constitucional. No puede extrañar, en consecuencia, la heterogénea y creciente contestación al Gobierno, con el fin de restablecer el pluralismo político y social y los equilibrios democráticos y constitucionales. Y que aquélla, ante la pasividad y falta de iniciativa de la oposición parlamentaria, proceda del seno mismo de la sociedad, abarcando colectivos tan diversos como los sindicatos, la iglesia o ciertos sectores de la judicatura. Conmigo o contra mí. Éste es el inequívoco e inquietante mensaje del presidente Aznar. Dudo que la democracia española tolere mucho tiempo a un personaje que basa la acción política en tan grosero y tosco principio. Sobre todo si la oposición asume por fin su responsabilidad.