Obsesionado por ocupar todos los ámbitos del poder, el presidente del Gobierno muestra cada día mayor incapacidad para tolerar la discrepancia. Cuando ésta se produce, como consecuencia natural del pluralismo político y social, la respuesta del Gobierno consiste, invariablemente, en la descalificación política y moral del discrepante, sea éste un partido político, un medio de comunicación, un tribunal o un sindicato. La reacción del Gobierno a la convocatoria de huelga general realizada por los sindicatos, como respuesta a la reforma de las prestaciones por desempleo, confirma plenamente aquella apreciación. Aznar envuelto en la bandera española, identifica su imagen y sus intereses con la imagen y los intereses de España, contrapone la mayoría parlamentaria, que le legitima para gobernar, a los derechos constitucionales de manifestación y huelga que asisten a los ciudadanos, y recurre al decreto-ley, vía reservada en nuestra Constitución para casos de urgente y extrema necesidad, para imponer su proyecto. Más preocupante aún resulta la postura del Gobierno, que en su intento de deslegitimar la huelga, calificándola como política, estimula un atavismo muy peligroso para la democracia. El presidente no puede ignorar que todas las decisiones del Gobierno son de naturaleza política y que, en consecuencia, las respuestas que la sociedad promueva ante ellas son inevitablemente políticas, lo que, en absoluto, equivale a partidismo. Los sindicatos han demostrado hasta la saciedad, con la elocuencia de los hechos, su independencia respecto al Gobierno, a la patronal y a los partidos políticos. Estos sindicatos son los mismos que organizaron varias huelgas generales a los gobiernos socialistas, y los mismos que no tuvieron complejos a la hora de firmar acuerdos con los gobiernos del PP, cuando estimaron que éstos eran favorables para los trabajadores y para el país. Ahora, convencidos que las reformas que patrocina el Gobierno son lesivas para el conjunto de los trabajadores, los sindicatos se disponen a dar una respuesta democrática a las mismas. ¿Dónde está el delito de lesa patria? Haría muy bien Aznar en dedicarse a defender su propuesta, promoviendo un debate sereno y riguroso, en vez de exhibir un talante autoritario que le identifica más con el viejo patriotismo preconstitucional que con los valores democráticos. En un país como España, que pese al crecimiento económico sigue siendo uno de los más injustos de la Unión Europea, en el que los asalariados pagan a la Hacienda Pública el doble que las rentas del capital, en el que han aumentado los impuestos indirectos, la desigualdad y el diferencial con Europa en protección social, el Gobierno pretende ahora recortar derechos básicos, a través de una injusta e injustificable reforma de las prestaciones por desempleo. Frente a los argumentos del Gobierno, similares a los que en la época Reagan pusieron en circulación economistas como Laffer, Gilder o Murray, según los cuales para el buen funcionamiento de la economía los ricos necesitan el incentivo de más dinero y los pobres el acicate de su propia pobreza, la postura de los sindicatos, en defensa de los derechos de los trabajadores y de las conquistas sociales en general, tiene una lógica social, económica y democrática aplastante.