Ha sido un sobresalto. Ha dividido a la opinión. Ha sido un balón de oxígeno para el aparato político de ETA. Y ha llenado de dudas la lucha contra el terrorismo. Que el Supremo archive una querella del Fiscal del Estado contra Arnaldo Otegi por gritar «Gora Euskadi ta Askatasuna» es, para muchos, lo peor que podía pasar. Y seguramente lo sea. Pero no por dejar libre a Otegi, sino por el debate posterior. Aquí se reformó el Código Penal para tipificar y condenar la apología del terrorismo. Los legisladores pensaron que habían encontrado el sistema de acabar con los exégetas de la banda. Se han equivocado: los magistrados dicen que la apología es, como máximo, un delito de opinión. Y, cometido en el extranjero, no es perseguible. Ha ocurrido lo de siempre: que las normas antiterroristas son las que requieren más trabajo de interpretación, con desenlaces que no siempre coinciden con la voluntad del legislador, con los propósitos del gobierno, ni siquiera con el sentido común. El ministro Acebes dijo ayer que esta decisión judicial no tiene por qué afectar a la Ley de Partidos. No esté tan seguro, ministro. Si los jueces deciden lo que es delito, puede pasar de todo. Pueden provocar el aplauso de los nacionalistas, como ayer. Si los jueces entienden la apología como delito de opinión, no acabo de ver cómo se podrá actuar contra Batasuna. ¿Es que las palabras de sus dirigentes son peores que las de Otegi? La única diferencia es que las han dicho en territorio nacional. Y, si gritar «Viva ETA» es una opinión, mucho más lo será, supongo, no condenar un crimen. Lo cual lleva a una terrible conclusión: en este país, en materia de terrorismo, es imposible aplicar la legalidad. Otegi, especialista en situarse en el filo de la ley, navaja, interpreta mejor los Códigos que el Fiscal General del Estado. Manda pendello.