Una elevada proporción de familias viven angustiadas por la hipoteca del piso que han querido tener en propiedad. Ese maldito plazo, que acucia mes a mes durante décadas, se lo come todo y apenas deja margen, no ya para lujos, sino tan siquiera para una mínima expansión y ahorro. Cambiar la tendencia, favoreciendo el régimen de alquiler y abaratándolo, parece una lógica decisión del Gobierno: podrían aliviarse privaciones familiares, mejorar las perspectivas de ahorro e inversión, facilitarse la movilidad geográfica laboral y hasta homologarnos a Europa, donde la proporción de viviendas en propiedad y en alquiler es la inversa que la nuestra. Lo discutible, sin embargo, es el procedimiento. El Gobierno apuesta por desgravaciones a los dueños en su IRPF, con la esperanza de que se animen a alquilar y, así, aumentando la oferta, bajar los precios. Otra postura sería asignar tales ventajas a los jóvenes que asuman iniciar su vida emancipada bajo ese régimen de alquiler, y poner coto a las rentas abusivas. Y quedaría una tercera, más justa y no irritante: ¿por qué no repartir las desgravaciones por mitad, entre propietario y arrendatario?