La situación insostenible que se vive en Palestina, como consecuencia de la ofensiva criminal desencadenada por Sharon, no sólo constituye un terrible drama cuantificable en vidas y sufrimiento humanos, sino que significa un atentado demoledor contra los valores de justicia y democracia que proclamamos. La paz en Palestina exige de la llamada comunidad internacional un compromiso activo y firme, que poco tiene que ver con la hipócrita actitud de equidistancia respecto a los contendientes, ni con posturas alejadas del análisis real de los hechos. En efecto, no es posible equiparar a las dos partes en conflicto. Una, Israel, al amparo del ejército más poderoso de la región, ocupa desde hace años territorios que no le pertenecen y, ahora, violando acuerdos internacionales suscritos por anteriores gobiernos israelíes, intenta recuperar territorios autónomos, que aquellos tratados habían puesto bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina. En el desarrollo de la ofensiva militar en curso, Sharon y su ejército promueven terribles represalias, demoliciones de barrios y aldeas enteras e implantan un repugnante sistema de apartheid en torno a los guetos palestinos, vulnerando así todos los valores en los que se asienta nuestra civilización. Y todo ello, con el respaldo de unos (EEUU) y la pasividad e inoperancia de otros (UE). La otra parte, los palestinos, respaldados por las mismas resoluciones de Naciones Unidas que ignora Israel, se defienden con las escasas armas a su alcance que, evidentemente, nada tienen que ver con sofisticados aviones y helicópteros, ni con poderosos carros de combate, de los que sí dispone el ejército israelí. La frase piedras contra tanques, aún sin ser exacta, describe bien la correlación de fuerzas que preside el conflicto. Tampoco se pueden admitir las razones esgrimidas por Sharon para justificar su ofensiva militar. Esta no persigue, como afirma el primer ministro israelí, la paz negociada ni la defensa y seguridad del Estado de Israel. Los objetivos de Sharon son la derrota del pueblo palestino, la expulsión de sus territorios y la imposición, a los que se queden, de un régimen subordinado a Israel, económicamente inviable y desprovisto de cualquier atributo de soberanía. Su discurso, hace un mes en el parlamento, afirmando textualmente que «mientras los palestinos no sientan que han sido vencidos no podemos volver a la mesa de negociación», no deja lugar a dudas sobre las verdaderas intenciones del siniestro personaje que dirige el Gobierno israelí. Por lo que respecta a la pretendida seguridad del Estado de Israel, la respuesta más contundente y convincente que ha recibido Sharon procede de 270 oficiales reservistas de su ejército, que en un comunicado público declaran haber recibido órdenes que nada tienen que ver con la seguridad de su país, sino con el objetivo de perpetuar el control y dominación sobre el pueblo palestino, al tiempo que se muestran contrarios a seguir combatiendo en misiones que son exclusivamente de ocupación y opresión. Más claro el agua. Así pues, los países democráticos, los organismos internacionales y todos aquellos que dicen querer construir una solución de futuro, destinada a implantar una paz justa y duradera en la región, tienen ante sí un desafío previo y un deber ineludible: parar a Sharon.