El Partido Popular llegó al Gobierno de las Españas con el encargo de regenerar la vida política del país, viciada de prácticas podridas. Bien pronto le abandonó su desodorante, acaso de flor de palabra huera. Al principio, escasa de escaños, la hueste vallisoletana afectó mesura en el ejercicio del poder y cierto respeto a sus adversarios, amoríos incluso con los nacionalistas vascos. Las reformas gruesas las pusieron a madurar y supieron envolver las debilidades en velos de recato. El buen juicio y estilo de ministros como Pimentel daban un toque de moderación y frescura, y parecía que la derecha había dejado el monte para las cabras. Pero cuando sobraron largos, saltó la derecha derechista de siempre: la que hace de España su finca y de los ciudadanos súbditos; la que ahorra en gasto social para invertir en policía, la que llama discrecionalidad a la arbitrariedad y prominentes a chulos de barrio. En solos dos cursos, se ha repetido casi todo el repertorio de suciedades que habían prometido limpiar y su reacción fue la misma de antes: abrir el paraguas y esperar a que escampe. El Parlamento ha degenerado en broncadero, y la violencia verbal es la banda sonora de la política. La originalidad del neoliberalismo pepero consiste en adelgazar el Estado, que no le coja colesterol, para que engorde el Gobierno. Estamos asistiendo a una gubernamentalización galopante de las instituciones clave que cursa con anemia de las libertades esenciales: la persecución a Felipe González y los insultos a su mujer son más que anécdota y marianada. Hasta se atreven a mandar callar a don Manuel Fraga, el único de ellos que pasó el examen de Estado. El señor Aznar aplazó para nunca las promesas cuyo cumplimiento aplaudiríamos todos con calor: acabar con la corrupción y sanear los hábitos democráticos. Por eso sí sería recordado.