El Papa Juan Pablo II ha llamado a la desobediencia. Ha instado, en su discurso al Tribunal de la Rota Roma, a jueces y abogados a ejercer la objeción de conciencia ante los casos de divorcio que se les planteen. O lo que es lo mismo, ha hecho una llamada al amotinamiento de los juristas. La Iglesia está en su perfecto derecho, no vamos a ser tan necios como para negárselo, de defender los principios sobre los que se asienta su doctrina. Aunque vaya en contra del sentido común. Es su deber apelar a la conciencia de los ciudadanos para que tengan una actuación acorde con los principios que la inspiran. Pero esta vez, el Papa ha ido mucho más allá. Y ha llamado a la desobediencia, a una objeción de conciencia no contemplada en ley alguna. El debate sobre el divorcio es ya un debate añejo. El Papa no desconoce que se trata de una conquista social, impuesta por la evolución de los tiempos. A estas alturas ampararse en que produce «una plaga de consecuencias devastadoras» es tanto como volver la hoja del calendario cien años atrás y lamentar los efectos negativos que sobre la cabaña equina tuvo la invención del automóvil. El Papa tampoco desconoce que la actualidad nos ha enfrentado a otros problemas de mucho mayor calado sobre los que ni la Iglesia ni él mismo se han pronunciado aún, al menos con la contundencia con lo que lo han hecho en el caso del divorcio. Por eso, Juan Pablo II ha dado un paso tremendamente arriesgado. Como cada quince días lo da monseñor Gea Escolano. Muy bien pudiera explicarnos la Iglesia el milagro de la multiplicación de los panes y los peces del ecónomo de Valladolid. Y, al tiempo, la fórmula por la que concede anulaciones matrimoniales a aristócratas pendencieros empapados en alcohol, a diplomáticos avinagrados y a la escoria de la realeza. Y que nos lo explique sin recurrir al viejo proverbio que dice que «cuando el dinero habla, la verdad calla».