ANXO GUERREIRO A VIDREIRA
30 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Resulta evidente que Aznar y el PP han puesto en marcha una peligrosa operación política, mediante la cual pretenden patrimonializar la Constitución y presentarla como algo excluyente y por tanto alejada del espíritu integrador con el que fue elaborada. La formulación aznariana del patriotismo constitucional nada tiene que ver con el concepto, que bajo la misma denominación, desarrolló Jürgen Habermas con el fin de dotar a Alemania de una nueva identidad democrática, antitética del patriotismo nazi, cuyas trágicas consecuencias para Alemania y la Humanidad son bien conocidas. Tampoco se refiere el concepto aznariano a nuestra tradición liberal y democrática, que desde las Cortes de Cádiz identificó patria con libertad y constitución. Tanto para nuestros liberales del XIX, como para el pensador alemán, patriotismo constitucional, como sinónimo de libertad, se refiere sobre todo a la necesidad de que los valores democráticos y constitucionales echen raíces en las convicciones y prácticas de los ciudadanos, constituyendo de este modo la identidad de la nación, y no tanto a la defensa del carácter inmutable de la literalidad de un determinado texto constitucional. Por el contrario Aznar y el PP, que nunca han formulado el patriotismo constitucional como antítesis de la dictadura, a la que siempre se han negado a condenar, se aferran a la literalidad de nuestra Carta Magna, y haciendo un uso indebido de la misma nos proponen una vuelta a viejas concepciones de España, felizmente superadas, precisamente por la vigente Constitución. En la sesión de clausura del congreso del PP, un endiosado Aznar, en su habitual tono desafiante, nos emplazó, a los que en alguna ocasión hemos defendido la necesidad de acometer ciertas reformas constitucionales, a dar explicaciones sobre nuestra postura. ¡Como si no lo hubiésemos hecho muchas veces¡ Él, que no votó esta Constitución, pretende ahora arrogarse el papel de guardián de las esencias y situarnos, a los que sí participamos activamente en su elaboración, en el terreno de la ambigüedad o tibieza a la hora de defender los valores constitucionales. Pues bien, nuestro delito de lesa constitución, radica en que discrepamos radicalmente de la concepción que Aznar tiene del Estado. Esta consiste, contrariamente a lo que prevé la Ley de Leyes, en identificar el Estado exclusivamente con la administración central, considerando a las CC AA como simple prolongaciones de aquélla y no como a poderes políticos, cuyos parlamentos y gobiernos, por mandato constitucional, emanan de sus pueblos. Esta es la razón por la que Aznar se niega a la necesaria reforma que convierta al Senado en una Cámara de representación territorial, tal como contempla el artículo 69 de la Constitución, y tal como sucede en todos los estados, que como el nuestro, son descentralizados y compuestos. Y también ésta es la razón por la que el presidente del Gobierno impide que las CC AA participen en el proceso de construcción europea, tanto en la formación de la voluntad del Estado ad extra, como en la ejecución de la normativa comunitaria ad intra. Esta actitud del presidente del Gobierno, fue calificada en su día por el propio Manuel Fraga como un «auténtico fraude a la Constitución». No parece pues que en ningún caso pueda ser identificada con la voluntad de los constituyentes.