VENTURA PÉREZ MARIÑO
14 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.A río revuelto ganancia de pescadores. Por si el asunto no estuviera complicado, el ministro del Interior ha declarado que sólo ingresan en prisión el 10% de los detenidos; el resto son puestos en libertad por los jueces. Muy a su estilo, el ministro fue comedido y no dijo más, el resto son interpretaciones que cada uno puede hacer. El asunto tiene bemoles. La policía está obligada a detener a cualquier persona sobre la que existan sospechas serias de cometer un delito, pero para que el juez pueda enviar a prisión a alguien, tienen que concurrir diversos requisitos. El primero, que se lo pida el fiscal, y además que en principio el hecho cometido conlleve pena superior a tres años, que se presuma que el delincuente se va a escapar, que tenga antecedentes o que el delito haya producido alarma social. Y como quiera que lo normal es que no concurran esos requisitos, la obligación legal del juez es ponerlos en libertad. Todo ello sin olvidar el principio constitucional de presunción de inocencia. La mayor parte de los detenidos son pequeños delincuentes de los conocidos vulgarmente como rateros, a los que de forma inevitable ha de ponerse en libertad a la espera de juicio y que sólo resultarán condenados si hay pruebas suficientes, y aun en ese caso, sólo cumplirán la condena si ésta es de cárcel y si han delinquido con anterioridad. Pero si lo que se pretende es que vayan a la cárcel desde su detención (tolerancia cero), el ministro lo tiene fácil. Debe instar la reforma de la Constitución y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por ende, de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre libertades provisionales. Entretanto, lo no dicho por el ministro, lo intuido, es inveraz. Aprovechando la preocupación por la seguridad que los ciudadanos tienen, justamente acentuada en los últimos tiempos en los que la delincuencia ha aumentado, se ha inclinado a responsabilizar, de soslayo, al estamento judicial, bastante alicaído por cierto en los últimos tiempos. Pero no sólo el ministro, sino también algún medio de comunicación, se ha lanzado al corro -viaje gratuito- denunciando la decisión de la Audiencia Nacional que condenó a la Administración a pagar a Batasuna diversas subvenciones electorales (la reforma llevada a cabo en la Ley de Acompañamiento es tardía). Los comentarios son también desazonadores. En el paso al frente, se olvidan que los tribunales se deben a la ley, y eso es el Estado de Derecho. La inaplicación en función de valores -por muy estimables que sean- es arbitrariedad, que es lo peor que pueden hacer los jueces. Si Batasuna es ETA, ¿por qué no se insta su ilegalidad? Eso sí que lo puede hacer el ministro por sí mismo, sin tener que echar balones fuera. Asumiendo su responsabilidad.