IGNACIO RAMONET
04 dic 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Constantemente reiterados después de la caída del muro de Berlín, una serie de principios políticos parecen, después del 11 de septiembre, en vías de marginalización. ¿De qué valores se trata? Nada menos que de la democracia, del estado de derecho y de los derechos humanos. Desde hace más de 10 años se nos venía repitiendo que estos principios políticos eran sagrados y constituían los pilares fundamentales de la nueva era. Y que sólo sobre ellos se podría edificar el nuevo orden internacional. Como cada uno puede constatar, desde ese fatídico martes 11 de septiembre ya nadie evoca estos principios. Un púdico velo de silencio los envuelve y poco a poco los va llevando hacia el olvido. Obviamente, nadie los condena tampoco de manera explícita, pero sentimos que está resultando bastante impertinente, casi obsceno, recordar que el estado de derecho y los derechos humanos son precisamente lo que se trata de defender frente al terror y al oscurantismo. Bajo pretexto de combatir al terrorismo, los Estados Unidos y tras ellos muchos países de la Unión Europea, están adoptando medidas singularmente restrictivas con respecto a las libertades individuales y colectivas. Washington admite que más de un millar de extranjeros, acusados de tener alguna relación con los atentados del 11 de septiembre, se encuentran detenidos e incomunicados desde hace más de dos meses sin haber podido hacer uso de sus derechos elementales, garantizados por la Constitución. Mediante decreto, el presidente Bush ha decidido que todos los extranjeros acusados de terrorismo sean juzgados por tribunales militares. Y que estos tribunales se sitúen en territorio juridiccional castrense (buques de guerra, aeronaves, bases militares de ultramar) para que los acusados no puedan gozar de las garantías que les conceden las leyes civiles ordinarias. Ante nuestros ojos, la más antigua democracia del mundo abandona algunos de los derechos más sagrados y restablece así una suerte de tribunal de la Inquisición. Porque los procedimientos judiciales se llevarán en el más estricto de los secretos. Las comunicaciones entre el acusado y sus abogados podrán ser escuchadas e interceptadas. La sentencia será emitida, no por un jurado, sino por una comisión integrada por oficiales de los ejércitos. El Ministerio de Defensa podrá ocultar pruebas. Las sentencias no habrán de ser unánimes, y el acusado tiene muchísimas más posibilidades de ser condenado a muerte. Condena que será inapelable. En esta atmósfera de intolerancia, ha surgido además en la prensa norteamericana un insólito debate sobre el uso de la tortura para arrancar información a los acusados de terrorismo. Algunos politólogos (y no forzosamente de extrema derecha) sugieren que se recurra a interrogatorios duros y a presiones físicas como duchas heladas, privación de sueño, golpes que no hagan peligrar la vida, intensa luz cegadora permanente, ruido ensordecedor constante, larga supresión de bebidas y alimentos, uso de sueros de la verdad, etcétera. Estos nuevos Torquemada afirman que los atentados del 11 de septiembre «exigen imaginar lo inimaginable y pensar lo impensable». Como si la tortura no fuera el recurso primero de la imaginación más arcaica y del pensamiento más bruto. En nombre de la libertad, algunos quieren de este modo enterrar nuestras libertades.