XAQUÍN ÁLVAREZ CORBACHO ECONOMISTA
03 dic 2001 . Actualizado a las 06:00 h.En el año 2000, los ingresos tributarios del Estado fueron 27,4 billones de pesetas (164.677,32 millones de euros). Su origen es como sigue: de cada 100 pesetas (0,60 euros) recaudadas, 51 gravaron rentas del trabajo (cotizaciones sociales y 82% del IRPF), 33 pesetas (0,20 euros) procedían de impuestos indirectos, tasas y precios y 16 pesetas (0,10 euros) brotaban de otras figuras tributarias (Impuesto de Sociedades, IRPF restante, etcétera). O sea, el 84% de la fiscalidad estatal procede hoy de las rentas del trabajo y de la imposición indirecta. ¡Vaya por Dios! ¡Qué agonía la del artículo 31 de la Constitución Española! Pero el Gobierno no para. Crea ahora un nuevo impuesto sobre hidrocarburos (el durito de la gasolina), añade sin rubor que la sanidad se merece eso y mucho más, no deflacta la tarifa del IRPF y sube los impuestos que gravan el tabaco, el transporte, las bebidas alcohólicas y la cerveza. Además, introduce reducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, en determinadas inversiones de las pymes y en la tasa radioeléctrica que pagan empresas de telecomunicaciones. La fiscalidad de los países desarrollados ha experimentado cambios relevantes en los últimos años (algunos llaman a eso efecto fascinación), pero cuando se contrasta la realidad con los argumentos teóricos que justifican las bondades del modelo, los pelos se ponen de punta. Estos cambios se fundamentaron en principios de eficiencia, neutralidad, sencillez y equidad horizontal, pero los resultados registrados son los siguientes. En el IRPF se simplificó la tarifa y bajaron los tipos por razones de incentivo y de equidad horizontal. El argumento del incentivo parece confirmarse, pero la equidad constituyó un fracaso sonoro. La incapacidad del impuesto para tratar igual las rentas del trabajo y las demás rentas se agigantó de forma alarmante. Compensar esa menor recaudación subiendo los impuestos indirectos agudiza la inequidad del sistema. Por otro lado, la globalización y las nuevas tecnologías facilitan la competencia fiscal y el fraude. Los paraísos fiscales tradicionales se asientan con la aparición de nuevos espacios que refuerzan el secreto bancario y ponen trabas sin fin a la información tributaria. La búsqueda de capitales, empresas y actividades, así como la extensión de las operaciones mercantiles, abren nuevas reformas que afectan al Impuesto de Sociedades. En 1990, el tipo medio de este impuesto era en la UE el 38%; en 1999 baja al 33% y algunos países anuncian ya tipos del 24%. En esta vorágine de fraude parcial y elusión impositiva, de continua desfiscalización de las rentas de capital, de tributación patrimonial ridícula y de competencia fiscal dura para las inversiones productivas, no parece sensato que las rentas del trabajo soporten solas la progresividad del sistema. Tampoco debe cundir el desánimo ante el «es lo que hay; hay que goderse». Mientras la UE no coordine y controle las rentas de capital, los asalariados españoles deben reivindicar también un IRPF con tipo único y mínimo exento generoso. Hasta que reviente algo, claro.