ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
27 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.«¡Que bárbaros! ¡Asesinar desa maneira a uns rapaces!». Para mi padre, que ante cada nuevo crimen de ETA se indignaba con esa rabia limpia que nace de la solidaridad con quienes sufren una violencia intolerable, las víctimas de la banda terrorista eran casi siempre unos chiquillos: guardias civiles, policías, concejales, periodistas, jueces o militares, en general mucho más jóvenes que él, que no podrían disfrutar de lo que mi padre había disfrutado a lo largo de su vida con razonable plenitud. El otro día, tras saber que los ertzainas asesinados en Beasain tenían poco más de treinta años, me sorprendí diciendo lo mismo que mi padre -«¡pero si son casi dos chavales!»- y caí en la cuenta, de repente, de algo que me produjo una sensación de horror abrumador: que aquellas víctimas de ETA que eran siempre mayores para la gente de mi edad, son más jóvenes ahora. Pensé, entonces, que esa reflexión podría resumir bastante bien la barbarie a la que vive sometido este país desde hace más de treinta años: la de que hay varios millones de españoles para quienes las víctimas de ETA empezaron formando parte de la generación de sus padres y han acabado formando parte de la de sus hijos. Y es que durante más de treinta años -¡treinta años!- ETA ha seguido matando como si nada hubiera sucedido: sin democracia y con democracia; sin autonomía y con autonomía; con el nacionalismo vasco en la clandestinidad y con el nacionalismo convertido en el amo de las tres provincias vascas. Y es que durante más de treinta años -¡treinta largos, largos, años!- el Estado ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento de las condiciones que justifican su existencia. Cuando en el giro de los siglos XVII a XVIII el filósofo John Locke hubo de enfrentarse a la cuestión fundamental de por qué los hombres estaban dispuestos a renuciar a una parte de su libertad y a entregársela a una autoridad superior a la de todos, Locke expuso con una meridiana claridad cual era la finalidad esencial del propio Estado: «El Estado se origina mediante un poder que establece cual es el castigo que corresponde a las diferentes transgresiones de los que piensan que merece la pena cometerlas; y otro poder que castiga cualquier daño que se la haga a un miembro de la sociedad». Haber aceptado que el Estado puede convivir como si nada con la violación constante de la ley nos ha llevado a la catástrofe actual. Sólo la recuperación de los poderes mencionados hace más de trescientos años por John Locke nos permitirá comenzar a superarla: pues es en la convicción de que en el País Vasco hay todavía un amplio margen para el eficaz ejercicio de la ley donde reside ya nuestra única esperanza.