Después de cada atentado de la banda ETA se renueva un rito que, desgraciadamente, no se atisba cuándo va a terminar. Producido el crimen, de forma inmediata los políticos reprueban el hecho, señalan que los terroristas nunca vencerán, proclaman que lo importante es estar unidos y envían su condolencia y solidaridad a las familias de las víctimas. Si hay tiempo, el mismo día, el Ayuntamiento o la institución a la que pertenezca el fallecido emite un comunicado, con la abstención en su caso de Batasuna. Si el atentado es grave se convoca manifestación, paros silenciosos a las 12, entierro y funeral con las consabidas escenas de desgarro e impotencia. En casa, los ciudadanos nos reconcomemos con la noticia. Es la crónica reiterada e idéntica de los sucesos de ayer y de mañana. En el orden policial y judicial, también el fenómeno se repite. Los comandos asesinan, después caen y se vuelven a reconstruir; la cantera de gudaris parece no tener fin. Los extraditados van llegando y, tiempo después, todos ellos son juzgados y condenados. En el orden político se ha intentado de todo: negociar con la banda, y se ha sido amigo y adversario del PNV, sin que se produjese resultado positivo. Policialmente, después de casi 40 años no se les ha podido derrotar ni controlar. Y soluciones extrañas, atajos como el GAL, no han sido más que, además de un crimen, un error. Pero ante una situación tan desoladora, ni debemos darnos por vencidos, ni adoptar soluciones drásticas que no harían más que empeorar las cosas. El enfoque debe hacerse siempre desde la legalidad, sin que ello implique que ésta tiene que ser timorata; al contrario. Si hay déficit de fuerzas policiales habrá que mandar más, lo que no es aceptable es que la kale borroca campe a sus anchas, los cajeros automáticos se quemen o se reviente de forma compulsiva las exposiciones de los concesionarios de coches franceses, con impunidad, como si para todo ello tuvieran permiso municipal. Si hay déficit de jueces para juzgarlos habrá que establecer más, pero los juicios deben ser rápidos y ágiles. Si se cierra Egin, su juicio tiene que celebrarse ya, no demorarlo como ocurre. Y si hay etarras en Venezuela hay que reclamarlos con denuedo, que para ello tenemos argumentos. Y si las penas o los tipos penales se han quedado cortos, habrá que reformarlos o aumentarlos. Si se dan subvenciones a las familias de los presos, habrá que recurrirlas. Si alguna caja de ahorros se publicita en Gara (antes Egin), habrá que afearlo. Si sus empresas periodísticas no pagan a la Seguridad Social, habrá que embargarlas. Algo más siempre se puede hacer. Con la Ley y con paciencia, pero con prisas y sin pausas.