ENRIQUE CURIEL CRÓNICAS HUSITAS
15 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Tribunales militares secretos juzgarán en EEUU a los extranjeros acusados de terrorismo. Tony Blair presentó el martes en la Cámara de los Comunes el proyecto de ley antiterrorista, que permite la detención por tiempo indefinido de sospechosos sin necesidad de que existan pruebas de cargo en su contra y sin ser sometidos a juicio. Entre el silencio y la indiferencia casi general, cuestiones vitales para la democracia que afectan a los más elementales derechos civiles y garantías constitucionales, saltan por los aires hechas añicos, mientras nuestras televisiones repiten, machaconamente, las escenas de las barberías en Kabul y la música en el transistor, como si la democracia parlamentaria hubiera hecho acto de presencia en Afganistán. La contradicción entre el ámbito de las leyes de excepción y el objetivo que se quiere combatir, es palmaria. Cualquier forma de terrorismo, o de conspiración para cometer actos violentos, es, por definición, minoritaria. Su neutralización es competencia de los servicios de inteligencia e información. Tal evidencia contrasta con normas que suspenden derechos fundamentales a importantes minorías sociales, étnicas o culturales, que pueden justificar obsesiones xenófobas y racistas. El deseo del Gobierno británico es suspender algunos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos, ratificada como ley interna hace un año. El proyecto de ley del ministro del Interior, David Blunkett, nos recuerda los efectos letales que pueden tener legislaciones que suprimen derechos constitucionales, incluido el habeas corpus, considerado como procedimiento especial y sumario contra la detención ilegal. Inglaterra puede exhibir su Carta Magna de 1225 como la primera norma en la que se establece la prohibición de ser detenido, preso, privado de libertad, desterrado o «molestado de manera alguna», sin «un juicio legal de sus pares». Pero también están próximas en el tiempo las consecuencias de la legislación antiterrorista con la que Margaret Thatcher quiso hacer frente a la crisis en el Ulster. Cual ley implacable, todo poder carente de control tiende a convertirse en arbitrario. Impedir la arbitrariedad es la esencia de la democracia. La opinión pública británica pudo comprobar en 1984 que los diez de Birmingham, condenados años antes a largas condenas de cárcel como autores de un atentado, habían sido brutalmente torturados, obligados a culparse como responsables, con un procedimiento manipulado y la desaparición de documentos vitales para su defensa. Algunos de los condenados murieron en prisión, siendo inocentes. En 1993, Jim Sheridan dirigió el filme En el nombre del padre, que relata los hechos. Les recomiendo que lo vean de nuevo. En España, algo sabemos de estas cosas.