JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES TRIBUNA
03 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.En el diario El Mundo del pasado 28 de octubre escribía Antonio Gala que la boda del Príncipe de Asturias puede dar lugar a que la sucesión de Juan Carlos I sea la verdadera transición española. Aunque esta afirmación pueda parecer, a primera vista, exagerada, la lectura de la Constitución demuestra que no lo es. Dispone la Constitución que el Príncipe de Asturias quedará excluido en la sucesión de la Corona, por sí y por sus descendientes, si contrae matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales. Lógicamente, han de ser razones de Estado las que muevan al Rey y a las Cortes a adoptar una postura de tan graves consecuencias. Y por tales razones parece que sólo cabría entender hoy la inadecuación de la persona elegida para desempeñar las altas funciones que le encomienda la Constitución. Porque, a diferencia de otros países, la Corona española tiene encomendadas importantes tareas que van más allá de las de la mera representación. Pues bien, aquí surge la primera dificultad. Porque si el Príncipe deseara contraer matrimonio con una persona inadecuada, ¿se opondrían expresamente el Rey y las Cortes Generales, sabiendo que ello implica la exclusión del Príncipe en la sucesión de la Corona y su sustitución por quien le sigue en el orden regular de sucesión? A la vista de tan graves consecuencias, lo más probable es que, en tal caso, ni el Rey ni las Cortes Generales prohíban expresamente el matrimonio del Príncipe. La posibilidad constitucional de una renuncia del Príncipe tampoco parece probable porque llevaría asimismo a su sustitución por quien le sigue en el orden sucesorio. La elección de la futura Reina consorte es importante, entre otras razones, porque, si hay descendencia, puede llegar a convertirse en regente en caso de fallecimiento o de inhabilitación del Rey, mientras que su hijo no llegue a la mayoría de edad, correspondiéndole, en tal caso, el desempeño de relevantes funciones constitucionales. Pues bien, en tal hipótesis, ¿aceptaría de buen grado el pueblo español que, entre otras cosas, tal persona inadecuada, durante el tiempo de su regencia, propusiera el candidato a presidente del Gobierno, pudiera presidir el Consejo de Ministros o fuera el mando supremo de las Fuerzas Armadas? La otra solución que apunta Antonio Gala es que, ante un matrimonio inadecuado, España opte por convertirse en una República. Porque los españoles no son mayoritariamente monárquicos, sino juancarlistas, como lógica consecuencia del gran acierto con el que el Rey y la Reina han venido desempeñando sus funciones. Razón por la cual una boda desacertada del Príncipe podría hacer renacer en el pueblo español el adormecido espíritu republicano. Mientras que, para la minoría de los monárquicos, este hecho supondría la decepción de comprobar que la persona que ha sido cuidadosamente preparada para suceder al Rey habría llegado a anteponer sus intereses personales a lo que exige la propia Monarquía y las leyes por las que se rige. Pero la solución de la República no es fácil, ya que implica una reforma de la Constitución que, por afectar al Título II De la Corona, exige, según su artículo 168, un procedimiento muy complicado, consistente en una aprobación del principio (en este caso, sustitución de la Monarquía por la República) por la mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado; seguidamente, la disolución inmediata de las Cortes; elección de nuevas Cortes, que habrían de ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, el cual debería ser aprobado por dos tercios de ambas Cámaras; y, finalmente, aprobada la reforma por las Cortes, todavía habría de ser sometida a referéndum para su ratificación. Reforma de la Constitución Y todo ello, sin entrar a valorar ahora qué sucedería si se abriera un proceso de reforma de la Constitución con la consiguiente posibilidad de que surgiesen nuevas propuestas sobre cuestiones más o menos abiertas, como por ejemplo, las «nacionalidades y regiones». Son los problemas apuntados y no otros, más triviales, los que hacen del matrimonio del Príncipe un asunto de la mayor trascendencia para todos. Es de esperar que los directamente implicados adopten la decisión que mejor sirva los intereses del pueblo español, que es en quien reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado. Porque -y esto hay que decirlo muy claro y muy alto- el pueblo español no se merecen una nueva transición y, menos aún, si puede llegar a ser tan compleja como parece.