VENTURA PÉREZ MARIÑO
03 sep 2001 . Actualizado a las 07:00 h.La Justicia está llena de formalidades. Desde el lenguaje a las togas y antes los birretes, o las propias salas de los Tribunales, todo aparece revestido, aunque cada día menos, de un aire solemne e incluso de un cierto olor a alcanfor. En ese orden de cosas no debe extrañar que cada año se inaugure a primeros de septiembre, como ocurrirá la semana próxima, el año judicial, habitualmente presidido por el Rey, y a la que asiste con traje de gala, como si fuera un baile de debutantes, la cúpula judicial. Allí, el presidente del Tribunal Supremo dicta su discurso, al igual que el fiscal general del Estado, y todo queda oficialmente en marcha después del semi-parón que se produce en el mundo judicial en el mes de agosto. Pero este año no debería ser como el anterior, y como el anterior... La realidad debería primar sobre la forma. El descrédito en el que la Justicia ha caído ha obligado en el pasado mes de junio a que el Gobierno de la Nación, el Partido Popular y el Partido Socialista suscribieran el denominado Pacto por la Justicia, que fue recibido de forma positiva por la generalidad de la opinión pública y operadores judiciales. Pero más allá de ese pacto, o gracias a ese pacto, los ciudadanos necesitan volver a creer en la Justicia, y eso se resume en que constaten que su asunto se va a resolver con rapidez, cumpliendo los plazos y, a ser posible, con calidad, entendiendo ésta como el cumplimiento de los principios de inmediación, audiencia y motivación, ejecución de las resoluciones con celeridad y trato considerado para los ciudadanos. Sin embargo desgraciadamente nada indica que el camino emprendido sea el adecuado. Las noticias penitenciarias (indultos, tratamiento carcelario...) desmienten a menudo la igualdad y las reformas llevadas a cabo por el ministro Acebes desde que accedió al cargo o en cumplimiento del pacto, (desde el alargamiento de la edad de jubilación o la nueva forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, o el nuevo Estatuto de la Abogacía o la anunciada ley Concursal), con independencia de su mayor o menor fortuna, no suponen mejoras que deriven en lo que los ciudadanos demandan. A este paso, el Pacto por la Justicia se va a diluir sin empezar a reinar. No se trata de grandes reformas, ni de grandes necesidades de dinero; lo primero, como en cualquier empresa o servicio, es estudiar la viabilidad de lo que hay, de los órganos judiciales existentes, saber en su caso cuáles no funcionan y por qué, y con esos datos -que no es poco- se estaría en condiciones de poner remedio a la situación. Entretanto, con grandes actos, la inauguración del año judicial se parecerá, una vez más, a una obsoleta y agradable puesta de largo.