GREGOR KREUZHUBER (Portavoz oficial del comisario de Pesca de la Unión Europea)
21 jul 2001 . Actualizado a las 07:00 h.En referencia a un texto publicado en La Voz de Galicia, en su edición del pasado día 20 de junio de este año, que versaba sobre un informe de las autoridades gallegas en el que, al parecer, se acusa a la Unión Europea (UE) de discriminar a la flota gallega, cabe hacer varias puntualizaciones. Si bien es admisible calificar la situación actual del sector pesquero europeo como difícil, no se trata de una situación exclusiva de España o Galicia, sino que también se da en otras zonas -como es el caso Escocia-. Además, es radicalmente falso que las instituciones comunitarias discriminen a ninguna flota. En este sentido, cabe formular las siguientes aclaraciones. Según indica el texto de La Voz de Galicia antes referido, en el mencionado informe se dice que las medidas de emergencia para la merluza son «ineficaces y discriminatorias». ¿Puede afirmarse seriamente que España sea discriminada por mor de unas medidas de emergencia que afectan a un total de 750 buques, cuando los barcos españoles no suman ni 120? Francia e Irlanda poseen mayor número de embarcaciones afectadas. Medidas de choque La Comisión Europea admite que las medidas adoptadas no son óptimas desde un punto de vista biológico, puesto que no cubren todas las pesquerías en las que se captura merluza. Sin embargo, las medidas constituyen un primer paso importante para reducir la presión sobre la especie, ya que se aumentará la luz de malla de las redes que utilizan los buques responsables de alrededor del 95 por ciento de los desembarques anuales de merluza en puertos de la UE. En lo que se refiere a la actuación del Ejecutivo comunitario en las organizaciones multilaterales de pesca (ICCAT, NAFO y otras), debo destacar que las reuniones internacionales se preparan con representantes de los países socios -España incluida-, en los correspondientes grupos de trabajo del Consejo. La Comisión actúa en nombre de la UE y en función de una postura previamente pactada entre los Quince. Participación directa El sector también tiene la oportunidad de dar a conocer sus opiniones durante el proceso de consulta que abre la Comisión antes de negociar en los organismos internacionales. De hecho, delegados de los sectores afectados acuden a las reuniones entre la UE y los organismos internacionales. Lamento realmente que a pesar de todos los esfuerzos de la Comisión no resultara posible alcanzar un acuerdo con Marruecos que fuera beneficioso para ambas partes. La UE es plenamente consciente de la difícil situación de los perjudicados por la no renovación del acuerdo. Pero no es propio de periodistas ni de comentaristas serios presentar el fracaso de la negociación con Marruecos como una conspiración contra España o Galicia, a menos que se abogue en favor de un convenio sin ventajas y con un coste astronómico para los contribuyentes. La Unión Europea ha hecho y hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos económicos negativos derivados de no haber alcanzado un acuerdo. Aunque el Ejecutivo comunitario está haciendo todo lo posible para encontrar posibilidades de pesca alternativas, hemos de admitir que la reestructuración de la flota es inevitable. Por este motivo, la Unión Europea concederá ayudas por valor de 200 millones de euros a las tripulaciones y armadores afectados hasta finales del presente año. Además, la Comisión presentará en breve una propuesta para la reestructuración de las flotas y la formación de los pescadores afectados. En cualquier caso, la Comisión está decidida a asegurar que la reestructuración se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles para todos los agentes. Cuando formula sus políticas, la Comisión consulta ampliamente a los Estados miembros y a los representantes del sector, pero en la organización interna de sus servicios actúa con independencia, atendiendo al uso eficaz de los recursos y a la facilitación de la aplicación de su política. En este sentido, por motivos de coherencia, todos los acuerdos de pesca bilaterales que requieren el desembolso de una cantidad para acceder caladeros extranjeros, independientemente de su situación geográfica, se tratan actualmente en una misma unidad. Los acuerdos basados en el intercambio de derechos de pesca se tratan en la misma unidad que se ocupa de la gestión de las pesquerías, lo que resulta útil porque esos derechos están vinculados a los totales admisibles de capturas (TAC) que son repartidos entre los Estados miembros; lo que también es una ventaja par el caso de las pesquerías cogestionadas entre la Unión Europea y Noruega, por ejemplo. La reorganización de la Dirección General de Pesca de la UE no ha desequilibrado la estructura del departamento y, por tanto, no se ha discriminado a ningún país socio. Lo que algún periodista o comentarista ha denominado «superdirección de conservación» no es un departamento mayor que otros. De hecho, su presupuesto es inferior a los de Política Exterior o Estructuras. La reorganización ha servido para crear un conjunto coherente de direcciones, lo que refuerza la capacidad de la Dirección General para cumplir sus funciones y velar por los intereses del sector. Imprescindible objetividad La Comisión sigue trabajando intensamente por y para todos. Es realmente importante que las partes interesadas analicen siempre los hechos de manera ponderada y objetiva, especialmente en tiempos de crisis. La búsqueda de culpables, cuando se hace con estrechez de miras, no contribuye a solucionar nada. No me parece que sea útil ni serio difundir opiniones nacionales o regionales partidistas, como a veces se hace. Lo deseable es que se hagan críticas basadas en hechos, sin especulaciones ni estereotipos. Sería de agradecer que se prestara más atención a lo que dicen y hacen los responsables de las instituciones de la UE. No creo que esto sea pedir demasiado.