MUY AGUDO / Ernesto S. Pombo
04 jul 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Doscientas mil pesetas es el precio que la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder General le ha puesto a la vida de la joven, María del Mar Herrero, de 23 años, que murió acuchillada a manos de su novio. Es la cantidad con la que castiga a la entonces jueza de Alcobendas María del Carmen Iglesias, que hizo oídos sordos a las reiteradas denuncias de la fallecida. Se la considera autora de una falta grave por retrasar la tramitación de las denuncias. Sólo eso. Pese a que el retraso acabó en tragedia. Tienen razón los padres de la joven asesinada cuando dicen que la vida de su hija vale mucho más que doscientas mil pesetas. También cuando aseguran que si en vez de María del Carmen Iglesias, hubiesen topado con otro juez, su hija estaría viva. Tienen razón quienes mantienen que este tipo de acciones no reciben la respuesta exigible por parte de la Justicia. Y hasta la tienen los que sostienen que el compadreo y el corporativismo está acabando con su credibilidad. La jueza que pudo evitar la muerte de la joven de Alcobendas ejerce ahora en Ciudad Real. Con absoluta normalidad. Probablemente lo hará con la tranquilidad que le otorga el pensar que actuó ajustándose estrictamente a lo que le marcan las leyes. Pero alguien tiene que decirle que la violencia se cobró una vida por su desidia. Por su incapacidad. Por su ineptitud. Por su irresponsabilidad. No puede seguir ejerciendo la Justicia tal y como ella la entiende. Aterra e indigna pensar el drama y la angustia que vivió la joven perseguida y amenazada por un asesino que se hallaba en libertad condicional por el intento de homicidio de su anterior novia. Pero aterra e indigna más saber el destino que recibieron sus denuncias. Si la Justicia no garantiza las libertades, los derechos y, sobre todo, la vida, no tiene razón de ser. Y quien no lo entiende así, que se vaya. Si incomprensible e injustificable resulta la actitud de la jueza, más lo es todavía la de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Los abusos han de ser sancionados. No valen compadreos ni corporativismos. La sanción que se le impuso a esta incompetente es una burla y un insulto a los familiares de la joven fallecida y a la sociedad en general. Ni doscientas mil pesetas, ni doscientos millones. La jueza Iglesias no puede ejercer ni un día más. Equivocó su vocación. Y alguien tiene que decírselo. Para que podamos seguir viendo a la Justicia bajo la balanza y los ojos vendados.