Ideas para un pacto territorial


En los últimos días, desde distintos frentes, parece haberse llegado a la conclusión de que se precisa un pacto territorial que dé salida a la situación de desorden y feísmo que se viene manifestando en el espacio gallego. No se trata de crear aquí la reserva paisajística de Occidente, ni tampoco de establecer, al modo kantiano, la prioridad de la estética frente a la política, sino de impedir que uno de nuestros recursos históricos esenciales se deteriore irremisiblemente. Un pacto territorial exige unos requisitos previos. Antes de nada, se impone percibir el problema en toda su dimensión, ya no solamente desde la perspectiva del feísmo evidente, sino del urbanismo, o la ausencia de urbanismo, que conduce al feísmo. Ante esta situación se necesita un basta ya colectivo. De esa toma de conciencia han de deducirse algunas ideas sobre las que todos debemos reflexionar. El beneficio inmobiliario inmediato y desenfrenado produce un deterioro territorial también inmediato, deterioro que perdura, en cambio, muchos años; los recursos necesarios para corregirlo son enormes y le corresponden a las administraciones, que no van a poder proveerlos. A pesar de las últimas modificaciones legislativas liberalizadoras, la oferta masiva de suelo no consigue abaratar el precio de la vivienda: nunca se ha construido tanto como hoy y nunca la vivienda ha sido tan cara. Evidentemente, hay otras razones de peso. En algunas ciudades con gran interés inmobiliario hay ciertos sectores de la población con necesidades reales de vivienda que no pueden acceder a ella. Para evitar el caos urbanístico hay que pasar forzosamente por la gestión del suelo, que habrá que agilizar. El exceso de construcción que está generando viviendas con persianas bajas producirá serios problemas de funcionalidad y mantenimiento, que las ciudades no van a poder sostener. El crecimiento incontrolado de urbanizaciones dispersas, desvinculadas de las infraestructuras generales, es un obstáculo para la conectividad y la movilidad de los ciudadanos. Otro requisito insoslayable es tener la voluntad de resolver el problema, y para lograrlo no ayuda calentar los ánimos con imputaciones mutuas. Aunque admitamos explicaciones antropológicas y sociológicas para la autoconstrucción y la destrucción del territorio, esto no puede conducirnos a una complacencia, sino a saber decir se acabó. Dadas esas premisas, el pacto territorial debe operar en varios frentes. Entre otros, en primer lugar, realizar el proyecto y el programa en común. Hay algunos principios incuestionables: cumplir la legalidad urbanística, y si no sirve, modificarla. Edificar es siempre edificar y urbanizar; las promociones de vivienda muy baratas suelen eludir la urbanización correspondiente. A la hora de diseñar o proyectar los planes generales, no se puede seguir clasificando más y más hectáreas de suelo urbano con licencia directa, es decir, aprovechar las infraestructuras viarias existentes como supuestas calles. Los programas de inversión pública en saneamiento, agua y redes de infraestructuras metropolitanas deben trazarse con arreglo a documentos de directrices territoriales que incluyan los espacios comunes de protección. Es necesario implicar a los municipios, no sólo pedagógicamente sino también en la práctica, marcando objetivos periódicos y concretos según las directrices territoriales o locales, que deben ser pocas y precisas. El principio del esfuerzo territorial supone que los ayuntamientos o mancomunidades que cumplan en mayor grado estos objetivos recibirán más inversiones de las otras administraciones. El proyecto debe trasladarse a la iniciativa privada con el concurso de colegios profesionales, promotores y constructores, para tratar de construir con mayor innovación tecnológica, con menor coste y con mayor belleza, marcándose objetivos en este sentido que, de ser cumplidos, podrían recibir, por ejemplo, beneficios fiscales. Esto incluye además la necesidad de dotarse de instrumentos reglamentarios para que las compañías suministradoras de servicios no sigan deteriorando el paisaje urbano y natural y los conjuntos históricos. Junto a todas estas medidas habría que abordar una modificación de la legislación para que las directrices territoriales y el esfuerzo territorial puedan desarrollarse de forma más ejecutiva y para agilizar los mecanismos de adquisición de suelo. Del mismo modo, habría que dotar a los municipios de asistencia técnica comarcal y devolver las competencias urbanísticas -salvo planes generales directrices territoriales- a las administraciones locales según su tamaño y sus problemas metropolitanos. Como corolario, y lo más importante, sensibilizar a los ciudadanos de hoy, grandes y pequeños, llevando a los foros públicos el debate y a la escuela la didáctica sobre el territorio en toda su complejidad y riqueza para añadir ideas, sentido común y criterio, y no dejarnos llevar sólo por el negocio de la ciudad.

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