ANDRÉS ABERASTURI
29 mar 2001 . Actualizado a las 07:00 h.La pregunta es cómo del cumplimiento de una ley puede derivarse un hecho moralmente contradictorio. Y la respuesta -absurda- está en el Ayuntamiento de San Sebastián, donde casi todos se afanan para encontrarle un puesto de trabajo a un policía municipal, condenado por ser confidente de ETA, que llegó a recomendar la colocación de un coche-bomba en un determinado lugar para dirigirlo contra una patrulla de la Guardia Civil. Se trata de cumplir la ley, y el cumplimiento de esa ley provoca que muchos inocentes traten de ponerse a salvo del policía municipal en cuestión y busquen un destino para semejante personaje que no le permita tener ningún tipo de acceso a información considerada como sensible. Claro, esto es un disparate, pero es lo que hay, y ni el sentido común puede cambiar los hechos. ¿Cómo es posible que sea la propia ley la que provoque situaciones moralmente inadmisibles? Porque lo que está ocurriendo en la gaditana localidad de San Fernando con la libertad de las menores que asesinaron a su amiga Clara García, puede que resulte escandaloso pero sería en todo caso discutible: desde más que probables problemas psicológicos hasta la edad de las asesinas, convierten esta situación en algo polémico, que puede tener argumentos a favor y en contra, aunque todos nos llevemos las manos a la cabeza. Pero, ¿ocurre lo mismo en el caso del policía de San Sebastián? La respuesta es no. La reincorporación a un puesto de trabajo, cuyo único fin es vigilar que la ley se cumpla, de quien se dedica a informar a una banda de asesinos de cómo se puede atentar más y mejor, es un puro disparate, un sinsentido que tendría que tener algún camino para que no se llegara a producir. No conviene confundir la democracia con la estupidez ni el Estado de Derecho con la impunidad de los culpables.