FEDERICO ABASCAL
01 feb 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Al anunciar desde Sintra (Portugal) un recurso de su Gobierno contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación del sueldo a los funcionarios en el 97, el presidente Aznar añadió: «...y se ha vuelto a la normalidad». Se trata, sin embargo, de una normalidad extraña, latiendo en ella un conflicto muy serio entre dos poderes del Estado, el ejecutivo y el judicial, pues un informe de la Secretaría general del Congreso, emitido ayer, no ve cauces legales para que la llamada Cámara baja pueda reaccionar procesalmente en este caso. El informe deja frente a frente al Gobieno y a la Judicatura, con el poder legislativo en calidad de mero espectador. Normal o insólita, la situación parece más bien interina o transitoria, en espera de la tramitación de los recursos, pues va a presentarse también ante el Supremo el del indulto frustrado al ex-juez Gómez de Liaño, por lo que no sería el momento más oportuno para que el presidente del Gobierno decida emprender, con o sin consenso, la necesaria reforma de la Justicia, que necesita también, apremiantemente, de dinero para que pueda dotarse de más medios materiales y humanos.